Una abogada puso una denuncia por el polémico colectivo de la plaza Independencia

Una abogada de la provincia presentó una denuncia penal por el estacionamiento del polémico colectivo que hace tres días se instala en la puerta del edificio de Tribunales como método de presión para los jueces que encabezan el debate oral contra Cintia Ramírez, la ex secretaria de Gobierno.

Claudia Carolina Díaz Alba firmó el pedido de investigación contra “autores desconocidos” y fundó la medida en que el vehículo “se encuentra desde el día lunes ocupando espacio público de manera continua, delimitado con conos, impidiendo el uso normal del estacionamiento y obstruyendo el acceso peatonal a la plaza”.

La letrada señaló que desde el punto de vista jurídico el primero de los delitos que se le puede endilgar a los responsables de estacionar el rodado es el del “Entorpecimiento del normal funcionamiento del tránsito”, estipulado en el artículo 194 del Código Penal.

Según diversas fuentes periodísticas, los responsables de la maniobra de presión serían el secretario de Comunicación del Gobierno Provincial, Diego Masci; el operador mediático Facundo Santarone y Emiliano Pascuarelli , último orejón del tarro y dueño del portal Elpuntano.com, que firma la pancarta que traslada el colectivo.

De hecho, quienes siguen el caso de cerca aseguran que entre los dos funcionarios mandaron al muere a Pascuarelli sin red de contención para lo que finalmente sucedió: que alguien interpusiera una denuncia penal por la acción.

En la jornada también se mencionó como posible responsable de la instalación del colectivo al director de una comparsa villamercedina, que suele usar el rodado para trasladar a la agrupación carnavalera.

Como sea, la denuncia de Díaz Alba pide que se identifique a los responsables de estacionar el colectivo en el centro puntano, que se retire el rodado y que se determine si la Municipalidad de San Luis autorizó la instalación de rodado.

La abogada se constituyó como particular damnificada ya que la presencia del rodado “afecta directamente el ejercicio de mi actividad profesional en la zona”. “Se trata –dijo- de un hecho que excede una infracción administrativa, en tanto implica una ocupación indebida y excluyente del espacio público, con impacto concreto en la circulación y en los derechos de terceros”.

Además, Alba Díaz aclaró que su denuncia no es una cuestión política sino penal.  “El espacio público no tiene dueños, y cuando se lo ocupa de manera exclusiva y afecta a terceros, el sistema tiene que actuar”.