Posibles mejores destinos para el dinero con el que se alquilan los colectivos
Con la plata con la que el Estado paga el vehículo estacionado frente a Tribunales ya se podrían haber comprado 2.400 kilos de pan, se podría haber pagado casi un año de viviendas sociales, 1300 viáticos diarios para los trabajadores de Vialidad y 16 mensuales para docentes rurales.
Las prioridades que tiene el Gobierno Provincial en la disposición de sus recursos económicos pasó a ser el centro de la cuestión tras el polémico alquiler de un colectivo que por segundo día consecutivo se instaló frente al edificio de Tribunales como modo de presión para los jueces que integran el tribunal que debe determinar la culpabilidad o la inocencia de la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez.
Según publicó el sitio “El mosquito puntano”, el alquiler del vehículo cuesta dos millones de pesos por día, por lo que en solo dos jornadas el Estado gastó cuatro millones de pesos, el valor de 2400 kilos de pan que podrían ser repartidos en los comedores de la provincia. La información vertida por el portal indicó además que el dinero habría salido de los 5 mil millones de pesos que tiene en su presupuesto San Luis Más, el canal de televisión oficial, un monto superior al presupuesto de Educación.
Lo que le cuesta a Diego Masci, secretario de Comunicación del Gobierno; Facundo Santarone, funcionario que desde las sombras maneja el presupuesto comunicacional; Emiliano Pascuarelli, dueño del ignoto sitio Elpuntano.como, y Emanuel Moreno, ex periodista de investigación devenido en vocero gubernamental, establecer el vehículo en la puerta del edificio judicial equivale, por día, a 10 cuotas de las viviendas sociales, cuyo monto fue considerado excesivo por los beneficiarios en una manifestación en donde acorralaron a un nervioso Claudio Poggi, el fin de semana en Villa Mercedes.
También con ese dinero se podrían reparar las casas, entregadas en muchos casos con fallas estructurales o de construcción. O establecer tratamientos médicos y prótesis que permanentemente son negados por el Estado provincial, que prefiere ver presos a funcionarios de la gestión anterior antes que proporcionarles calidad de vida a los habitantes.
Si los cuatro millones de pesos que se gastaron en los colectivos hubieran sido destinados a pagar los viáticos que reclaman los docentes rurales –a razón de 250 mil por cada uno- ya se hubieran costeado, en solo dos días, lo que, al mes, le pertenece a 16 trabajadores de la Educación. La semana pasada, el Gobierno echó a ocho docentes por los reclamos que hicieron.
O se podrían mejorar los viáticos para el personal de Vialidad Provincial, que desde el 2023 no se aumentan y quedaron estacionados en tres mil pesos por día, lo que cuesta una gaseosa de segunda marca. Con lo que se pagó por el colectivo se hubieran pagado 1300 viáticos para los trabajadores que tienen que arreglar las rutas de la provincia.
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