Rechazo de los vecinos de Juana Koslay a una insólita tasa municipal para seguridad

La polémica en Juana Koslay estalló luego de que el Concejo Deliberante aprobara —con seis votos afirmativos, uno en contra y una ausencia— una nueva tasa municipal de 20.001,76 pesos mensuales destinada a financiar un “servicio de seguridad urbana preventiva”. Según los vecinos, el cobro es arbitrario, carece de sustento legal y constituye “una carga excesiva e injustificada” para los contribuyentes.

La tarifa se calculó en 44,6 Unidades de Valor Municipal (UVM), con un valor vigente de $448,47, lo que eleva el monto final a más de 20 mil pesos por vivienda, terreno o comercio. Solo la concejal Raquel Amaya votó en contra del proyecto; otra edil, Laura Escudero, estuvo ausente.

“En nuestros barrios no se observan cámaras de seguridad, patrullajes regulares ni presencia de la Guardia Urbana Municipal. No existe una prestación concreta ni comprobable del servicio que se pretende financiar”, expresaron los vecinos en la nota de descargo colectiva ingresada por Mesa de Entradas.

El documento sostiene además que la ordenanza “carece de fundamentación técnica y económica”, al señalar que no incluye estudios de costos, análisis de impacto ni evaluación presupuestaria. “Una disposición sin sustento real vulnera los principios de transparencia y razonabilidad exigidos por la legislación”, remarcaron.

Los vecinos recordaron también que la seguridad pública “es competencia primaria de la Provincia y no del Municipio”, por lo que consideraron que la creación de una tasa específica “traslada a los ciudadanos es una obligación que no les corresponde”.

El texto advierte que, como el municipio está adherido al Decreto Provincial 150/2023 de Emergencia Económica, los fondos podrían redirigirse a otros fines bajo ese marco legal. Por eso exigen transparencia y control ciudadano sobre el destino de la recaudación.

Mientras tanto, en distintos puntos de Juana Koslay se organizaron centros de recolección de firmas contra la ordenanza, entre ellos Tinta Roja Papelería, Farmacia Santa Isabel, Vivero de Fátima, Vivero Mar y Sierras y Pet Shop San Francisco.

“Veinte mil pesos por casa es muchísimo dinero. La seguridad es responsabilidad del Estado provincial, no de los vecinos”, expresó una de las promotoras de la iniciativa.