A Balmaceda le decomisarán bienes por más de 20 millones de pesos

Además de los seis años de prisión que recibió César Ariel Balmaceda por ser considerado jefe de una asociación ilícita, el expiloto puntano enfrenta otros problemas: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis también le prohibió salir del país mientras dure la sentencia y, además, van a decomisarle automotores y bienes por más de 20 millones de pesos. La idea de la fiscalía es recuperar lo que él y los otros 24 imputados ganaron con las maniobras delictivas.

La investigación que llevó a Balmaceda y compañía a ser juzgados y condenados surgió con el dato de una asociación ilícita que entre 2015 y 2018 generó y comercializó facturas apócrifas por más de dos mil millones de pesos.

El fiscal Federal de San Luis, Cristian Rachid, le explicó a El Diario que “ellos ganaron como producto ilícito perpetrado por la asociación ilícita, básicamente el 21 por ciento de IVA que se generaba por facturación apócrifa. Sobre ese 21 por ciento, cuando ellos lo vendían a los usuarios que compraban esas facturas cobraban una comisión, un porcentaje que iba entre el 15 y el 35 por ciento. Entonces, el decomiso lo que hace a diferencia de la multa es privar de la ganancia del delito, de los instrumentos de los que el delincuente se valió para cometerlo. Para poder determinar lo hicimos en base a los registros de la propia organización. Solo logramos que 25 de los imputados llegaran a juicio y nos quedaron afuera como mínimo diez personas identificadas con nombres y apellidos”, detalló.

“El perjuicio sería aproximadamente 370 millones de pesos. Lo que acá se investigó fue quiénes generaban las facturas apócrifas para después venderlas. Lo que se determinó en decomiso es la comisión que habrían cobrado estas personas que formaban parte de la organización cuando vendían el IVA apócrifo”, resaltó.

“Según los registros de la organización el IVA total que se vendió asciende aproximadamente a los 128 millones de pesos. Por supuesto, hay muchas cosas no registradas. Lo novedoso del fallo es que investigaciones sobre delitos similares que se realizaron en la región, en Mendoza particularmente, tomaron esta línea investigativa de tratar de poner en números concretos el total de decomisos, porque uno para decomisar tiene que establecer una cifra concreta y explicar por qué. Nuestra investigación, además de determinar qué se evadió o qué se logró evadir, procuró establecer cuánto ganaron estas personas por lo menos en números concretos”, aseveró la fuente.

Así, además de Balmaceda se ordenó la siguiente inhibición de bienes para el resto de los involucrados:

1-            Romina Alejandra Fernández: decomiso de bienes hasta cubrir la suma de $1.116.295

2-            María Rosa Lucero: decomiso de bienes hasta cubrir la suma de $330.862

3-            Natalia Verónica Balmaceda y Oscar Gabriel Muñoz Oviedo: decomiso de bienes hasta cubrir la suma de $365.006

4-            Lorena María Ramírez: decomiso de bienes hasta cubrir la suma de $79.058

5-            Raúl Gonzalo Saá: decomiso de bienes hasta cubrir la suma de $491.356

6-            Diego Martín Ho: decomiso de bienes hasta cubrir la suma de $220.123

7-            Juan Cruz Borra: decomiso de bienes hasta cubrir la suma de $635.330

8-            Cristian Alberto Giuliano: decomiso de bienes hasta cubrir la suma de $1.285.072

9-            Oscar Alberto Giuliano: decomiso de bienes hasta cubrir la suma de $4.220.083

10-         Enrique Hanna Abdallah: decomiso de bienes hasta cubrir la suma de $3.729.256

11-         Jorge Abel Pereira: decomiso de bienes hasta cubrir la suma de $220.000

12-         José Ariel Sosa: decomiso de bienes hasta cubrir la suma de $1.331.919

13-         Daniel Víctor Escalante: decomiso de bienes hasta cubrir la suma de $379.180

14-         Marcos Andrés Naldini: decomiso de bienes hasta cubrir la suma de $673.000

15-         Pablo Nicolás Mauri: decomiso de bienes hasta cubrir la suma de $120.563

16-         Norberto Emilio Royón Blanco: decomiso de bienes hasta cubrir la suma de $116.000

17-         Diego Eduardo Minudri: decomiso de bienes hasta cubrir la suma de $1.850.090

18-         Fernando Manuel Iglesias: decomiso de bienes hasta cubrir la suma de $3.075.162

19-         Julián Darío Rolandi: decomiso de bienes hasta cubrir la suma de $649.659.

La investigación sigue

Rachid también explicó que se están realizando diversos juicios en varias provincias del país “con respecto a las personas que compraron esas facturas apócrifas (generadas y vendidas por la asociación ilícita que encabezó Balmaceda)”. “Esos juicios se hacen en cada uno de los lugares donde residen esos compradores, acá en San Luis tenemos algunos y hay otros tantos que se hacen en el sur del país, en Buenos Aires y en Córdoba”, puntualizó.

Aseguró que en territorio argentino existen al menos tres mil compradores que adquirieron facturas generadas por la asociación ilícita.  “No todos ellos pueden ser llevados a juicio, porque para eso tiene que darse ya sea por ganancia o por IVA y por una evasión mínima de un millón y medio de pesos por año, por impuestos y solamente de capital, no de interés. Entonces todos aquellos que compraron IVA apócrifo por debajo de ese monto no van a ser objeto de juicio penal, pero sí de sanciones por infracciones administrativas”, cerró.

En el fallo que los jueces María Carolina Pereira (presidenta) y los vocales Roberto Julio Naciff y Pablo Gabriel Salinas indicó “la inhibición general de bienes respecto de las personas señaladas, hasta tanto se individualicen bienes a los fines de su sustitución en el incidente respectivo, con intervención de todas las partes. A tales fines, ofíciese a los registros de la propiedad automotor y registros de la propiedad inmueble que correspondan”.

Por otra parte, también ordenaron el decomiso de la documentación, dispositivos informáticos y demás efectos secuestrados durante la investigación y que han servido para cometer el delito.

Por último, dispuso “mantener la prohibición de salida del país oportunamente dispuesta con relación a todos los imputados” y difirió la lectura de los fundamentos para la audiencia que se fije dentro de los cuarenta días a partir del jueves 18 de mayo, día en que se emitió el fallo.

Llegar a ese resultado insumió unas 60 audiencias de debate oral con el testimonio de 174 testigos.

Redacción/MGE