Consumidores en el laberinto: bajarse de un servicio, una lucha larga y cara

"Primero tiene que pagar y después completar el formulario de reclamos. Debe hacerlo de mañana. Solo atendemos de 8 a 9. O puede llamar al 0-800". A muchos esas palabras pueden resultarles familiares  porque miles de puntanos han intentado abandonar servicios que antes pidieron o que recibieron sin siquiera consultar por ellos. Pero a pesar de que muchas personas se quejan públicamente sobre esas clases de abusos, no son pocas las empresas que continúan con este tipo de conductas. Al contrario. La tendencia crece. Su objetivo es mantener cautivos a sus clientes, que continúen consumiendo sus servicios o productos y así mantener su recaudación o rentabilidad.

La solitaria alternativa para los clientes violentados en su buena fe, en San Luis, es el Programa Defensa del Consumidor que recibe múltiples reclamos a tal punto que ordenó su labor según el rubro y la clase de reclamo.

Las picardías empresariales son variadas y pueden generarse desde compañías nacionales o provinciales. Lo más grave es que en ocasiones la gente tiene que consumir productos que no pidió y pagar por ellos. El más frecuente en esos casos es la contratación de seguros de vida que llegan con los resúmenes de las tarjetas de crédito que gestiona la gente. Al encontrar el sobre con el resumen de su plástico la sorpresa es mayúscula. Salir de esas pólizas suele ser una tarea muy estresante porque el trámite debe hacerse, en su mayoría, vía telefónica.

Por otro lado, muchas compañías se aferran a la letra chica de los contratos que celebran con sus clientes. Allí colocan ítems como la cantidad de tiempo que debe perdurar el convenio. Ese dato casi nunca lo conoce el consumidor, y cuando busca prescindir del servicio no puede hacerlo o tiene que pagar una multa.

Entre las compañías que más bronca le generan a la gente figuran las telefónicas. No solo por la calidad de sus servicios, sino porque para desvincularse hay empresas que limitan el accionar de la gente. Impulsan a las personas muchas veces, o la espera para dar con el encargado de hacer las bajas es larguísima.

Un rubro que desata la ira de los consumidores también es la de las alarmas. Además de solicitar que el abonado tenga sus pagos al día, la demora para el trámite es notoria, los días pasan y el cliente entra en otro mes de consumo. Por ello se ve obligado a continuar con el servicio otros 30 días.

La televisión satelital también genera dolores de cabeza a aquellos que primero piden packs para ver shows, veladas boxísticas o películas premiadas y luego prefieren anular el combo. La firma más importante en ese rubro pide que la gente se comunique por teléfono para ello. Sin embargo, las comunicaciones derivan a un callcenter y concretar la gestión es tedioso.

Una ayuda con costos

Hartos de insistir por la baja de los servicios, muchos deciden aferrarse a un abogado privado para que los saque de la encrucijada. Pero ese acompañamiento tiene costos y la primera medida es una carta documento hacia la empresa prestadora para que desista de su conducta.

Ese asesoramiento suele tener un costo que va de los 2.000 a los 4.000 pesos, según el caso y el abogado que atienda al consumidor.

La Ley del Consumidor es un claro respaldo para que los vecinos no se vean estafados en su buena fe, pero no siempre llega a la gente y los controles, claramente, fallan a la hora de observar los comportamientos empresariales.