Paro, menos frecuencias y un Gobierno que empieza a correrse del transporte público

El Gobierno de San Luis empezó a admitir, aunque sin decirlo de frente, que ya no quiere hacerse cargo del transporte público como un servicio esencial. Mientras el secretario de Transporte, Víctor Cianchino, asegura que la Provincia “hace todo lo posible” para sostener el sistema, miles de trabajadores del Gran San Luis quedaron este martes atrapados en un paro que los obligó a gastar hasta diez veces más plata para llegar a sus trabajos desde La Punta, Juana Koslay y Potrero de los Funes hacia la capital.

El conflicto no apareció de la nada. Los choferes reclaman porque las empresas no cumplen con sus trabajadores, en medio de una reducción de frecuencias pactada con el propio Gobierno provincial. Pero ante el caos, la estrategia oficial fue despegarse del problema con un mensaje cada vez más evidente: “yo no tengo nada que ver”. Mientras tanto, los usuarios quedaron librados a remises, viajes compartidos o largas caminatas para no perder el presentismo o directamente el día laboral.

Cianchino confirmó además que seguirán recortando servicios para “hacer más eficiente el gasto” y advirtió que la Provincia “no puede seguir poniendo más plata” en el sistema. El funcionario intentó minimizar el impacto diciendo que solo se reducirán frecuencias en horarios de menor demanda, aunque en los hechos el deterioro del servicio ya se siente en toda el área metropolitana. En La Punta, por ejemplo, se eliminarán cuatro frecuencias diarias.

La propia explicación oficial dejó expuesto el problema: sin subsidios estatales, el boleto entre San Luis y La Punta debería costar cerca de 4 mil pesos. Es decir, el Gobierno reconoce que el transporte no puede funcionar sin asistencia pública, pero al mismo tiempo anticipa que dejará de sostenerlo. El resultado ya empezó a verse este martes: menos colectivos, más incertidumbre y trabajadores pagando el ajuste para poder llegar a trabajar