San Luis: buscan poner un tope del 30% a los descuentos en sueldos de empleados públicos

El senador provincial Hugo Olguín presentó un proyecto de ley para intervenir de manera urgente en el sistema de descuentos directos sobre los haberes de los empleados estatales. La iniciativa surge como respuesta a la crítica situación de numerosos trabajadores que, debido a la acumulación de créditos y descuentos automáticos, perciben actualmente solo una fracción de su salario mensual, comprometiendo su subsistencia básica.

La propuesta legislativa establece un esquema de protección que se apoya en la suspensión inmediata de los descuentos una vez que el agente ingresa al procedimiento de resguardo. De esta manera, el Estado actuaría como empleador suspendiendo las retenciones de forma automática y sin necesidad de una intervención judicial previa. Además, el proyecto fija un tope de orden público provincial, determinando que el conjunto de las deducciones no podrá superar bajo ningún concepto el 30% del ingreso neto del trabajador.

En el marco de esta regulación, se establece una instancia de mediación obligatoria donde el empleado y sus acreedores deberán negociar quitas, esperas o refinanciaciones en un plazo máximo de 90 días. Este proceso se llevará a cabo en los Centros de Mediación ya existentes en la provincia, por lo que la aplicación de la ley no requeriría la creación de nuevas estructuras administrativas ni generaría gastos adicionales al presupuesto público.

Asimismo, el proyecto regula estrictamente a los operadores privados que acceden al sistema de descuento automático. Estas entidades estarán obligadas a informar el Costo Financiero Total antes de la firma de cualquier contrato y deberán respetar el límite del 30% fijado por la ley. En caso de incumplimiento, las empresas perderán el acceso al sistema de retenciones sobre los haberes provinciales.

Para fundamentar la medida, Olguín señaló que la morosidad en personas físicas sufrió un incremento alarmante, pasando del 2,94% en febrero de 2025 al 11,2%. Con esta ley, San Luis se alinearía con medidas similares ya adoptadas en Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Misiones, buscando evitar que los descuentos automáticos dejen a los trabajadores públicos sin los ingresos mínimos necesarios para vivir.