Sobreseyeron a Cintia Ramírez y Miguel Berardo en una causa impulsada por el Gobierno

El Gobierno provincial encontró un límite concreto a su discurso contra la corrupción: en la causa contra Cintia Ramírez y Miguel Ángel Berardo, los acusadores no pudieron demostrar que habían presentado a tiempo el requerimiento para llevarlos a juicio. El juez Marcos Flores Leyes declaró extinguida la acción penal y dispuso el sobreseimiento definitivo de ambos.

La resolución, fechada el 26 de octubre, expone un fracaso procesal difícil de disimular. Fiscalía de Estado se opuso al cierre, pero no aportó una constancia objetiva que acreditara la presentación oportuna de la acusación. El escrito tenía fecha. Lo que faltaba era demostrar que había ingresado válidamente al proceso antes de que venciera el plazo.

La diferencia es central. Según el cómputo aceptado en el fallo, la acción prescribía el 6 de agosto de 2026. Los acusadores sostuvieron que habían confeccionado y firmado el requerimiento el día anterior y que Fiscalía de Estado lo había recibido en esa misma fecha. Sin embargo, no había un cargo electrónico ni otro registro equivalente que permitiera verificar su presentación en término.

Las defensas recibieron la acusación por correo electrónico recién el 21 de agosto. El juez aclaró que esa comunicación tardía no era, por sí sola, la razón del cierre. El problema decisivo era la ausencia de respaldo verificable sobre la presentación del requerimiento antes del vencimiento. La fecha escrita en un documento y su entrega a la querella no alcanzaban para reemplazar esa constancia.

El contraste político remite al alcance que había tenido la denuncia pública. En 2024, Ricardo Bazla habló de 22 canchas pagadas que no existían o tenían escaso avance, según declaraciones recogidas por Clarín. La cobertura de la formulación de cargos contra Ramírez y "Micky" Berardo describió tres contratos vinculados con trabajos para dos canchas en La Punta. 

¿Cuánto le costó al Estado este proceso? La pregunta sigue abierta y exige documentación: qué recursos se destinaron, qué actuaciones se realizaron y qué responsabilidades corresponden por una causa que terminó de esta manera.

El Gobierno tendrá que explicar la distancia entre la contundencia de las denuncias y el resultado del expediente. Para sostener una acusación ante la Justicia también hay que cumplir los plazos y dejar constancia de lo actuado. En este caso, los acusadores no pudieron acreditarlo.