Berruezo, el grabador, los apellidos que incomodan y un despido sin causa

“El Gobernador decidió rescindir el contrato”. Rafael Berruezo no necesitó demasiadas palabras para comunicarle a una trabajadora de Fiscalía de Estado que se quedaba sin empleo. No le señaló incumplimientos ni le reprochó su desempeño. La explicación empezó y terminó en la voluntad del gobernador. En ciertas oficinas públicas, parece, alcanza con conjugar el verbo decidir.
 

La trabajadora tiene un parentesco con un legislador nacional del oficialismo nacional. Ese vínculo familiar aparece como el verdadero trasfondo de una impiadosa desvinculación para la que no se le ofrecieron razones laborales. Tampoco tuvieron en cuenta que está embarazada. La despidieron por portación de apellido.

Precisamente, hay apellidos que el actual poder considera indeseados. Y la incomodidad, por lo visto, se hereda hasta convertirse en una amenaza sobre la fuente de trabajo.

El episodio tuvo un prólogo. Algunas semanas antes, Berruezo, fiscal de Estado Adjutor a cargo de Fiscalía de Estado, reunió a todo el personal en su despacho. Había escuchado versiones sobre críticas entre los trabajadores y quería saber cuáles eran los problemas y qué se podía mejorar. Hasta allí, una convocatoria que podría haber servido para escuchar. Pero el abogado incorporó un elemento bastante menos hospitalario: su teléfono celular personal, dispuesto a registrar la conversación.
 

“Procedió”. Ese fue el verbo que utilizó al activar el grabador. La solemnidad del término tuvo algo de procedimiento y bastante de advertencia. Los empleados podían hablar, desde luego. Sus palabras quedarían guardadas en el dispositivo de quien los había convocado porque sabía que existían críticas.

Una particular manera de promover la confianza: pedir opiniones con el grabador encendido y la autoridad sentada enfrente. La escena provocó molestias. La posterior baja laboral terminó de darle otro peso a aquella reunión. Lo que podía presentarse como una invitación a mejorar el funcionamiento de la oficina pasó a leerse bajo una pregunta mucho más concreta: cuánto puede costar hablar.

El miedo también organiza una repartición. Reduce las preguntas, desalienta los reclamos y consigue silencios que después pueden confundirse con conformidad. Con una trabajadora afuera y la voluntad del gobernador como única explicación, el mensaje alcanza a todo el plantel.

Berruezo podrá presentar la decisión como una orden recibida. Fue él quien la comunicó y quien antes había puesto a grabar a sus empleados. Entre una escena y la otra se dibuja una forma de ejercer el poder: escuchar las críticas bajo registro y comunicar los despidos sin mayores fundamentos.

Para los trabajadores queda acatar. Aunque ni siquiera eso parece garantizar demasiado cuando el problema puede estar en el árbol familiar. El desempeño se mejora; el apellido, en cambio, no se puede dejar en la puerta de la oficina.