Un hombre de 72 años implicado en la distribución de material de abuso sexual infantil

Un hombre que reside en San Luis y que tiene 72 años se convirtió en el segundo imputado y con prisión preventiva en el contexto de la investigación internacional por el delito de facilitación, distribución, publicación y divulgación de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, agravado por involucrar a víctimas menores de 13 años. 

El septuagenario, cuya identidad no fue informada, fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial luego de que la fiscal de Género N° 2, Antonella Córdoba, le formulara cargos este jueves. La medida fue dispuesta por la jueza de Garantía, Natalia Lazarte Otero.

El martes fue detenido en el transcurso de cuatro allanamientos que se llevaron a cabo en la ciudad de San Luis, operativo internacional “Aliados por la Infancia V” que fue coordinado por un organismo nacional.

Prensa del Poder Judicial consignó que en la audiencia, realizada ante el Juzgado de Garantía N° 3, a cargo de Natalia Lazarte, la fiscal explicó que investigación se inició el 9 de junio de 2025, a partir de un informe policial que identificó al imputado como usuario de una dirección IP asociada a la empresa de internet San Luis C.T.V.

Según el reporte del área de Delitos Complejos, desde enero a abril de 2025 se registró la descarga y compartición de más de 2.500 archivos digitales, de los cuales 370 fueron catalogados como de gravedad severa. Al menos 724 de estos archivos fueron compartidos en la red peer-to-peer BitTorrent. 

El allanamiento realizado el pasado 26 de agosto en el domicilio del imputado, le incautaron una notebook con la aplicación “uTorrent” instalada, compatible con el protocolo BitTorrent, a través de la cual se constató la actividad ilícita; celulares, DVD´S y otros dispositivos. En la carpeta de descargas se hallaron archivos con denominaciones relacionadas explícitamente con material de abuso sexual infantil.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva por 120 días y destacó el peligro de fuga, la posibilidad de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de resguardar la integridad de la prueba digital secuestrada. “La magnitud del material encontrado, su posible intercambio en redes y la conexión a plataformas utilizadas para la distribución revelan un patrón sistémico que excede la mera tenencia. Se reportaron más de 2500 archivos, como como lo mencioné anteriormente, con 370 que son severos”, detalló Córdoba.

La defensora Oficial de Niñez, Adolescencia e Incapaces N° 3, Silvina García, adhirió a lo expresado por la Fiscalía y a las medidas solicitadas.

La defensa del imputado, representada por la defensora Oficial en lo Penal, Stefanía Cifuentes y el defensor adjunto, Diego Zunino, solicitaron que la medida cautelar sea domiciliaria y argumentaron que su defendido padece problemas de salud al igual que su esposa, a la que debe cuidar.

“Proponemos la baja de internet y la prohibición de uso de cualquier tipo de dispositivo digital. Mi defendido tiene problemas de hipertensión y endocrinológicos; además debe cuidar a su esposa que padece hipertensión, Parkinson y diabetes. Estamos hablando de personas grandes sin conocimientos para borrar archivos o entorpecer la investigación”, dijo la defensora.

La fiscal rechazó la petición. “Recordemos que este delito se comete con un paradigma distinto, que eso no se concibe solo en términos físicos, sino que se concibe en términos virtuales y debemos adaptarnos a estas nuevas implicancias y tomar medidas correspondientes al caso. No resulta procedente la aplicación de medidas alternativas como una prisión domiciliaria, toda vez que con esto no neutralizaríamos los riesgos procesales, particularmente por tratarse de un delito cometido a través de medios telemáticos y dispositivos que pueden operar incluso desde un encierro domiciliario”, fundamentó Córdoba.

Concluida la resolución, el tribunal indicó que el plazo de 90 días permitirá avanzar en la recolección de evidencia y en las pericias correspondientes, y dio por finalizada la audiencia.

El primer investigado enviado a la cárcel

El miércoles Gastón Nelson Salinas, de 37 años y con domicilio en el barrio Kennedy, en la zona oeste de la ciudad de San Luis, quedó tras las rejas acusado de distribuir material de abuso sexual infantil (MASI).

La Justicia lo imputó luego de que, en su propio celular, se hallara una cantidad “impresionante” de fotos y videos con menores.