El "error" millonario del Gobierno y la falta de información sobre un envío dudoso

La vida de Verónica Acosta, la mujer de Villa Mercedes que recibió por "error" $510 millones en su cuenta, cambió de la noche a la mañana. Primero, ante la sorpresa del dinero que llegó como un "regalo de Dios", y luego, con el escarmiento oficial que la rotuló como una delincuente. Desde los organismos oficiales, buscan a toda costa que caiga sobre ella el máximo peso de la ley. Sin embargo, en los hechos, no cometió ningún delito. En todo caso, si hay maniobras dudosas, devienen justamente del envío del monto ¿Qué se esconde detrás del telón gubernamental?

Los hechos y un arranque cuestionable

Días antes de las elecciones, Verónica Acosta recibió la suma millonaria en su cuenta, que está dedicada a la recepción de una cuota alimentaria. Antes de "tirar la primera piedra", vale la empatía y ponerse en lugar del otro. Acosta es de una familia humilde. Múltiples necesidades la llevaron a la chance de usar la plata en diferentes aspectos. Pero ahora enfrenta un proceso judicial por un hecho que nunca provocó: un grosero error administrativo del Gobierno provincial. Incluso, llegaron a exigirle a ella y a otros 5 imputados una fianza de $30 millones por persona, para no quedar detenidos. Una medida que no se ha visto ni con los delincuentes más peligrosos. 

La mujer -según declaró- creyó que había recibido $500 mil y, ante la necesidad, utilizó la plata para comprar alimentos, una heladera, electrodomésticos y materiales para su casa, entre otras cosas. No se fue de vacaciones, simplemente invirtió el monto en aquello que le iba a dar un poco de dignidad a su familia. También transfirió dinero a parientes. “No sabía que era del Gobierno. Lo usé para necesidades urgentes”, dijo.

El Gobierno logró recuperar más del 90% del dinero. Una parte fue bloqueada, otra se devolvió voluntariamente y el resto está siendo rastreado en billeteras virtuales secuestradas. Todo el movimiento del dinero fue digital, lo cual permite su trazabilidad.

Desde el Estado atribuyen diferentes delitos a Acosta y los imputados. Pero sin conformarse con ello, se ha escrachado a la familia por donde se ha podido, llevando el caso a una repercusión internacional. Y como suele pasar en estos escenarios, la "espada" de las redes sociales apunta de lleno contra el honor de la familia. Se ha ocasionado un daño inconmensurable y a nadie le importa. 

“No somos ladrones. No sabíamos que esa plata era del Gobierno. Ahora nos tratan como criminales, pero el error no fue nuestro”, manifestó Acosta.

Si hay delito, está en el envío

El contador que efectuó la transferencia fue quien denunció el "error". Ya se mencionó, pero es un dato clave que vale la pena repasar: el dinero se envió días antes de las elecciones provinciales. Si cualquier ciudadano común toma todos los recaudos a la hora de manejar las billeteras virtuales, midiendo con precisión cada detalle al transferir dinero ¿Qué llevó al funcionario en cuestión a cometer semejante error? y vale la pregunta ¿Fue un error? No es menor advertir que, al momento, no pesa ninguna imputación sobre ningún referente gubernamental a cargo de la transferencia. 

A los imputados se les acusa de defraudación al Estado, retención indebida y otros delitos. Pero, objetivamente, en los hechos, no hubo ninguna violación a ninguna normativa vigente en el Código Penal Argentino. En todo caso, si hubo algo, tal vez podría encuadrar en una acción civil, enriquecimiento sin causa. Pero de ahí en más hacer toda una carrera para llevar a los imputados tras las rejas, es algo desmedido. 

Ahora bien. El Gobierno sí tiene que explicar a dónde enviaban esos $510 millones. ¿Dónde está el decreto de contaduría de esa asignación? ¿Cuál era el destino? Si bien salieron a decir que el monto era para pagar cuotas alimentarias el 9 de mayo ¿Por qué hicieron el movimiento un martes en un contexto de comicios?

En los pasillos de Terrazas del Portezuelo resuena un eco incómodo: la fama de la bicicleta financiera, las mesas de dinero, la "timba" de los privilegiados. Por lo pronto, solo se pueden trazar conjeturas ya que hay un ocultamiento concreto de la información. Pero cuando el río suena...

Según la defensa de Acosta, su familia es humilde. No tienen antecedentes y nunca actuaron de mala fe. No configuran una red de estafadores. Sin embargo, embaten contra ellos como si se tratase de una organización criminal. Pero en medio del escándalo, no se ha pronunciado ni el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, que en principio tendría que haber tomado alguna acción ejemplificadora tendiente al esclarecimiento de los hechos.

Por lo pronto, solo hay una certeza. El Gobierno se desliga responsabilidades y centra la atención incriminando a la familia de Acosta como los delincuentes responsables de un dinero que en realidad partió desde un movimiento al menos sospechoso. Pero como siempre, pagan los platos rotos los humildes y "zafan" los de saco y corbata.