El Caburé: apuntan a Trombotto por favorecer la venta del maíz

El escándalo por el caso El Caburé no deja de sumar lamentables hitos. Luego de que fueran denunciados el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla; el exfiscal de Estado y flamante ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Endeiza; Diego Amondaraín, hermano del ministro de Gobierno Gonzalo Amondaraín y el ruralista Francisco Anselmi, ahora los señalamientos ponen bajo la lupa al ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto.

Básicamente, lo acusan de haber generado "distracciones" en cuestiones burocráticas que favorecieron la sospechada venta millonaria de maíz. Sostienen que el funcionario invitaba al abogado representante de uno de los productores damnificados a "hacer trámites", a la vez que quienes efectuaron la operación irregular "ganaban tiempo".

500 camiones con maíz "sin registro de nada"

De acuerdo con lo que explicó el abogado Pascual Celdran -quien representa al productor Enrique Baira- en diálogo con Raquel Gurruchaga (FM La Nuestra - Villa Mercedes), el campo ubicado en el sur provincial primero lo tuvo un hombre de apellido Lucero. Pero luego, por un trámite específico, se concedió el derecho a dos sociedades: una representada en la figura de un productor de apellido Ingaramo y otra en Baira.

Ambos hicieron un convenio con el pago de cinco cánones que derivaron en condiciones claras para escriturar el campo. Cuando entró la gestión poggista, los desalojaron alegando que estaban "de manera ilegal".

Pero el asunto es que el campo no solo configuraba alrededor de dos mil hectáreas de maíz sembrado, sino que también había muchos muebles y alrededor de siete u ocho aires acondicionados. Llamativamente, los muebles faltan, los aires acondicionados no están y el maíz -lo más grave- desapareció. La venta del maíz configuró ganancias del orden de los dos millones de dólares, aseguran.

De nada hay expediente ni documento que certifique los movimientos de las operaciones. "Lo cosecharon y presentaron contrato con firma faltante. En teoría, Francisco Anselmi es el encargado de cosecharlo y venderlo. Hay audios donde habla una persona que podría ser Diego Amondaraín, donde planean cómo vender el maíz, que tendría que haber pasado por canales oficiales. Presentaron de manera desesperada informes que indican que el maíz dio poquito rinde. Pero no contaron que todo está filmado y se advierte que el rinde había sido excelente", remarcó el letrado.

"Algunos policías y vecinos, de manera extraoficial, indicaron que hubo 500 camiones que se llevaron el maíz, todos pasaron y salieron de la provincia. Nunca se informó, el Gobierno no informó qué se hizo con el maíz. Por eso acudimos a la justicia, para tener respuestas a la gente que invirtió tiempo y dinero", añadió y aseveró que "puede haber más involucrados" en las maniobras.

Un silencio que dice mucho

El abogado explicó que no cree que haya funcionarios de segundo o tercer nivel con facultades para extraer el maíz, con lo cual todo indica que al menos entre los principales responsables la mayoría son referentes de primera línea. 

Al mismo tiempo, dejó entrever que el silencio oficial dice mucho. Más allá de un mensaje ambiguo que publicó Bazla, en el que no da detalles que lo alejen del caso y patalea con rabia por los señalamientos, no hay anuncios oficiales que den cuenta de detalles sobre las transacciones. Si las denuncias efectuadas fuesen meros caprichos políticos o señalamientos falsos con intereses, bastaría con que el Gobierno dé explicaciones concretas de los trámites administrativos correspondientes por la venta millonaria. Pero justamente eso es lo que falta, y por ende, incrementa las sospechas.

"Por lo menos no hicieron los pasos legales que tendrían que haber efectuado. Dos sociedades están perjudicadas en lo económico. Los productores no se metieron en campo ajeno de guapos, tenían un convenio con el Gobierno. Pagaban un canon. Lo que me preocupa es la sensación de impunidad porque no acusan recibo. No le explican a la sociedad", puntualizó Celdran.

También cuestionó que el Gobierno dispuso casilla policial para custodiar todos los aspectos en el campo, pero "se olvidaron" de poner policías.

El futuro del caso

El letrado indicó que el futuro de la investigación depende mucho de la fiscalía en la que recaiga. Señaló que si le toca a la fiscalía de Leandro Estrada, entiende que tendrá un rumbo positivo. No desde el punto de vista de que le den la razón, sino que se efectuará una indagación completa y objetiva de la situación. Por el contrario, si cae en otras oficinas con dudosa cercanía al Gobierno, el caso no tendrá muchos avances. En ese sentido, lamentó que una parte de la justicia está "digitada por amiguismos políticos".

"Me llama la atención que no hay ni siquiera un reproche. Hay una solicitada de Bazla donde dice que es inocente y apunta que lo quieren manchar. No sé si se refiere a los medios o a quién. Yo no estoy apretando, no estoy extorsionando. Quiero que la justicia dé una respuesta", concluyó.