Indemnizaciones por accidentes: San Luis espera un fallo clave tras la decisión en CABA

La máxima instancia judicial porteña resolvió un caso de 2023 y fijó el ajuste por RIPTE, el índice que mide el aumento promedio de los salarios. Es el primer pronunciamiento en este fuero luego del célebre fallo “Levinas” de la Corte Suprema. La disposición generó expectativas en San Luis, donde un planteo que se trazó en el mismo sentido, aguarda una resolución favorable que marcaría un precedente clave. 

¿Qué resolvió la Justicia porteña?

Según especifica una publicación de Infobae, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires fijó criterio sobre cómo deben calcularse las indemnizaciones por accidentes laborales. En un fallo firmado este miércoles, los jueces revocaron una sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo y definieron que las actualizaciones se ajusten con el índice RIPTE, que mide el aumento promedio de los salarios.

Esta es la primera intervención del TSJ como instancia superior de las causas laborales que tramitan ante la Justicia Nacional, competencia que adquirió luego del célebre fallo “Levinas” dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De acuerdo a los datos que maneja el Poder Judicial porteño, hay en trámite más de 1.900 causas de indemnizaciones por accidentes de trabajo, y representan el 70% del total de causas del fuero laboral. El otro 30% son litigios por despidos.

El litigio resuelto ahora en el máximo tribunal de la Ciudad, caratulado “Boulanger c/Provincia ART”, comenzó con un siniestro ocurrido en febrero de 2023.

El juez de primera instancia condenó a la aseguradora a pagar la indemnización basándose en una prueba pericial que arrojó una incapacidad del 21%. También dispuso que el capital devengara intereses equivalentes al promedio de la TNA Vencida del Banco de la Nación Argentina.

Ambas partes apelaron ese pronunciamiento. El trabajador cuestionó la tasa de interés, al sostener que el caso debió ser tratado bajo los parámetros del DNU 669/2019, que dispone que los intereses se devengaran de acuerdo al índice RIPTE.

Ese decreto no se venía aplicando a rajatabla en el fuero laboral, y muchos jueces fallaron según su propio criterio. Con “Boulanger“, por ejemplo, la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo declaró inconstitucional el DNU 669/2019 y los incisos 2 y 3 del artículo 12 de la ley 24557.

Al declarar esta inconstitucionalidad, ordenó ajustar la indemnización del trabajador con el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) desde la fecha del accidente hasta el pago efectivo.

Tras el fallo de segunda instancia, Provincia ART interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el TSJ porteño. La aseguradora argumentó que la aplicación del CER generaba un resultado “exorbitante” y “desproporcionado”, y sostuvo que el esa fórmula no era una tasa de interés sino un método de actualización prohibido por diversas leyes. Finalmente, la compañía pidió la aplicación del DNU 669/2019
Por voto mayoritario, el Tribunal Superior de Justicia revocó la sentencia de la Sala VIII de la Cámara en cuanto declaró la inconstitucionalidad de este discutido decreto de necesidad y urgencia.

El fallo de este miércoles, que llevó las firmas de los jueces Inés M. Weinberg, Luis Lozano, Marcela De Langhe, Santiago Otamendi y Alicia Ruiz -votó en disidencia-, señaló que la Cámara declaró la inconstitucionalidad del DNU sin analizar si su aplicación irrogaba un perjuicio al trabajador.

De hecho, el TSJ destacó que el demandante solicitó expresamente que la indemnización fuera actualizada por RIPTE.

El Tribunal concluyó que la Cámara se basó en que el decreto sería inconstitucional por no haberse verificado las condiciones de necesidad y urgencia al momento de su dictado. Para el TSJ, estos argumentos resultaron insuficientes para decidir la invalidez constitucional del DNU 669/2019.

El caso puntano

En las mismas características del caso porteño, una estrategia legal podría dar un giro contundente a la situación de las indemnizaciones laborales en San Luis. Concretamente, los abogados Damián Chiappero y Natalia Nieva Sabelli, diseñaron un planteo judicial que busca unificar los criterios para actualizar los montos de los resarcimientos. Este caso, se dirime en un contexto político y económico complejo y podría sentar un precedente que beneficiará a todos los trabajadores puntanos.

Para comprender, las indemnizaciones laborales vienen siendo objeto de disparidad en los fallos judiciales, una situación que se replica desde hace varios años como consecuencia de la forma en la que se aplica la tasa de interés (RIPTE) para actualizar los montos.

Esta tasa, que empezó a ser manipulada por la gestión del entonces presidente, Mauricio Macri, quedó por debajo de la inflación, lo que terminó siendo un perjuicio absoluto para los trabajadores. 

Pese a que muchos letrados han intentado atacar esta situación, nunca se logró que el Superior Tribunal de Justicia se pronuncie sobre el núcleo del problema. 

Chiappero y Nieva Sabelli diseñaron una estrategia basada en un análisis exhaustivo de los fallos de las Cámaras de Apelaciones de la provincia y se evidenció que las distintas Cámaras aplican criterios diferentes para actualizar las indemnizaciones. En ese sentido, en el expediente "Barroso Pablo contra La Segunda", se efectuó un planteo ante el Superior Tribunal poniendo en evidencia "la necesidad de unificar criterios".

La situación es "especialmente delicada" porque coloca al Superior Tribunal en un contexto político complejo, en un momento económico difícil para el país, obligándolo a tomar una decisión que afectará a miles de trabajadores. 

La estrategia de los abogados, de alguna manera permitió subrayar la desigualdad de criterios y llevar al Superior Tribunal a intervenir para poner fin a las diferencias existentes. 

Actualmente, el Superior Tribunal se encuentra analizando esta causa. Hay expectativas por la decisión que se tomará y cómo afectará a los derechos económicos de los trabajadores. 

Infobae/Redacción.