Otra escuela en la mira: denuncian malversación de fondos y violencia institucional

La comunidad educativa del Centro N° 21 Puertas de Cuyo, un establecimiento orientado a la educación especial, informó “una serie de graves irregularidades” que afectan el funcionamiento pedagógico y administrativo de la institución. Lo hizo en una carta abierta al ministro de educación, Guillermo Araujo.

Entre las irregularidades denunciadas se detalla la malversación de recursos y fondos públicos cuando advierten “la comercialización ilegal de insumos alimentarios pertenecientes al Programa de  Asistencia Nutricional Escolar (PANE), un delito patrimonial que vulnera directamente el derecho a la alimentación de los alumnos con discapacidad”.

El centro educativo fue uno de los establecimientos donde en septiembre del 2024 se denunció la entrega de comida en mal estado. Los docentes reportaron olores desagradables y alimentos con moho, lo que generó en ese momento preocupación por la calidad de las viandas escolares y la falta de equipamiento para que los alumnos llevaran su propia comida, en un contexto de quejas similares en otras escuelas puntanas.

Los docentes del “Puertas de Cuyo”, que por temor a represalias y el clima de persecución imperante resguardaron su identidad, manifestaron también, la desaparición de fondos públicos provenientes de una rifa institucional. “No se realizó la rendición de cuentas del dinero que estaba destinado a una salida de fin de año y se utilizó el pretexto de la reparación de un parlante que no se concretó”.

También los maestros denunciaron, la “desaparición y manipulación arbitraria de mobiliario de la institución, así como también patrimonio histórico de la escuela y libros que reflejan la historia del Centro 21”.

Otra de las irregularidades que expuso la comunidad educativa es el “ingreso de personal ajeno a la institución, con la presencia del esposo de la directora dentro del establecimiento, realizando tareas de laborales”. Los maestros aseguran que el hombre “se inmiscuye en la vida institucional sin poseer vínculo contractual”.

En esta serie de declaraciones de la vida educativa del Centro 21, se pone de manifiesto “una gestión antidemocrática, con violación de derechos”. Acusan que se ejerce “una comunicación verticalista, burocrática y autoritaria, con resoluciones y disposiciones que contradicen el Estatuto Docente”.

La suma de estos puntos creó “un clima institucional degradado, caracterizado por el temor constante a sanciones arbitrarias ante sucesivas amenazas, con anotaciones de actuación docente, que afecta la salud mental de los trabajadores”, señala la carta de los docentes.

En el petitorio elevado al ministro de educación se describe la gravedad de los hechos y solicitan una auditoría contable y administrativa e incluso se pide la garantía y resguardo de los trabajadores ante posibles medidas disciplinarias injustificadas por la integridad laboral del personal.