Reprocann: aumentan restricciones en cultivadores, médicos y las ONG

La legislación argentina sobre cannabis medicinal fue un tema en constante evolución desde la aprobación de la Ley de Cannabis Medicinal en 2017 y la creación del Registro del Programa de Ca-nnabis, para el cultivo controlado (Reprocann). Luego de más de 8 meses de incertidumbre y una pausa en los registros, una nueva resolución del Ministerio de Salud de la Nación generó un amplio debate en la comunidad cannábica y entre los especialistas.

Los puntos más controvertidos se encuentran en las restricciones para personas con antecedentes penales relacionados con drogas, la obligatoriedad de capacitaciones específicas para los profesionales de la salud y la regulación de ONG y cultivadores solidarios.

“Esto a los usuarios que necesitan cannabis para la salud lo único que hace es hacérselo todavía más difícil de lo que ya era, porque nunca fue fácil el acceso a las terapias y a los médicos y médicas que le pusieron y ponen onda, porque la verdad es esa, que por motu proprio se forman y tratan de acompañar a la gente, les están pidiendo que hagan todavía más esfuerzo en lo que hacen”, resaltó Valeria Salech, fundadora de la ONG “Mamá Cultiva”.

Hasta el último registro oficial, eran 87 mil las personas registradas en el Reprocann, una base de datos diseñada para poder registrar a aquellas personas que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta de cannabis, con fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor personal, para un familiar o de organizaciones sociales.

Los requisitos de inscripción son presentar una indicación médica a través de la app Mi Argentina. El paciente inicia el trámite y es el profesional de salud prescriptor quien debe adjuntar declaración jurada y consentimiento informado (ambos documentos en formato PDF) y vincular al paciente, tercero u ONG con el cultivo.

“No están sacando el máximo provecho porque hay personas que no están inscriptas y que tendrían que estarlo. He visto varios consumidores mayores de 80 años, pero que se debe a la falta de más accesibilidad para esas personas grandes que si no las ayuda alguien con el teléfono y un médico se les hace muy difícil”, contextualizó Gustavo Coria, presidente de la Asociación Civil “Cannabis Esperanza de Vida”. Y agregó: “Son más o menos de 3 a 5 personas que están autorizando por día en el Reprocann y deben entrar más de 100 solicitudes por día. Hay una demora de 6 meses, muchos grises y falencias que, espero, se van a ir corrigiendo con el tiempo”.

Uno de los cambios más destacados realizados por el Ministerio de Salud es en el registro para cultivadores solidarios, aquella persona que cosecha para sí mismo, para un familiar o un tercero en tratamiento, profesional de la salud (médico/odontólogo) y las ONG vinculadas con la salud, a partir de ahora solo podrá hacerlo para dos personas máximo, límite que hasta entonces no estaba establecido con registrados que cultivaban para hasta 80 personas.

“Hoy el cultivador solidario solo puede hacerlo para sí y para una sola persona más, que eso es una gran restricción y cambio respecto a lo que se venía planteando hasta ahora. Esto es un problema porque hay muchos que cultivan para su grupo familiar; claramente, se podría haber utilizado otro criterio”, profundizó el abogado especializado en regulaciones sobre el cannabis, Piero Liebman.

La nueva resolución estipula que las asociaciones civiles o fundaciones deben presentar una personería jurídica y un objeto social acorde. Además, se destaca la autorización para que las ONG puedan trasladar materia vegetal y tener múltiples domicilios de cultivo, lo que facilita el acceso para quienes no pueden acercarse a la organización a retirar el producto.

Sin embargo, los miembros de la comisión directiva no pueden tener antecedentes penales vinculados a delitos relacionados con el uso de estupefacientes, sustancias prohibidas o el uso indebido del cannabis medicinal. Medida profundamente rechazada dentro de la comunidad cannábica, en donde es común encontrar casos de cultivadores que, a pesar de ser pioneros en la lucha por el cannabis medicinal, debieron enfrentar procesos judiciales. Fueron perseguidos y, en muchos casos, criminalizados, pero trabajaron para que se aprobara la ley de cultivo medicinal y, actualmente, aportan su conocimiento para que el cannabis medicinal se convierta en una práctica con trazabilidad y seguridad.

“Lamentablemente, el cannabis sigue estigmatizado en muchos sectores de la sociedad y al escribir esta normativa, ese estigma se ve plasmado en artículos como este, que en la práctica para mí no se van a terminar aplicando, porque vos no le podés pedir a alguien que no forme parte de una actividad lícita y solidaria por el hecho de que tenga un antecedente por una actividad que estaba prohibida y ahora ya no lo está más. Es decir, si armamos una normativa para que tengan una vía regulada de producción de cannabis inscribiéndose como asociación civil a los primeros que necesitamos meter en este sistema es aquellos que ya lo venían haciendo”, aclaró el abogado.

Una explicación

Según el Gobierno de la Nación, se identificó un "cuello de botella" con más de cien mil solicitudes pendientes de revisión, de las cuales ocho de cada diez están relacionadas con prescripciones para trastornos de ansiedad, insomnio y/o dolores. Además, destacaron que el 16 por ciento del total de las prescripciones médicas fueron emitidas por solo seis médicos y unos 60 profesionales han realizado más de mil prescripciones cada uno. Un médico en particular, señalaron, autorizó a 13 mil personas a acceder al programa.

“En primer lugar, hay que entender que la recreación forma parte del concepto integral de salud que nuestro país acoge a partir de la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, habría un concepto erróneo en sostener que alguien que accede al cannabis por su recreación no lo hace con fines de salud. Y después, la realidad es que creemos que ya, a esta altura, que no han dado de baja ningún Reprocann sacado previamente, entendemos que está todo correcto”, remarcó Liebman.

En primera persona

Gustavo Coria comenzó su experiencia con el cannabis medicinal en 2005, luego de un grave accidente vial tras el que debieron hacerle un injerto cadavérico y que le provocaba artrosis y artritis. El uso de cannabis no solo alivió sus síntomas, sino que también le permitió dejar 14 pastillas diarias y superar su adicción al crack, la cocaína y el alcohol, que mantuvo por 20 años.

Inspirado por los beneficios del cannabis, Coria comenzó a cultivar sus propias plantas, pero fue detenido en San Luis por la Policía Federal mientras cuidaba de su madre enferma de cáncer. Aunque fue absuelto, convirtiéndose en el primer argentino en ser absuelto por uso terapéutico del cannabis, esta experiencia lo llevó a compartir su conocimiento en congresos y talleres. En 2018, comenzó a trabajar con el Conicet y el Instituto de Investigación en Tecnología Química (Intequi) para analizar sus cultivos y productos medicinales, y compartir su conocimiento con otros.

“Yo tenía antecedentes penales e inclusive fui absuelto. Pero al haber estado preso, pienso que coartan la libertad, una persona puede haber cometido un error. Tal vez tendrían que dejar cultivar a esa persona y tener más registro y seguridad; si lo agarran in fraganti vendiendo ya es problema de ese cultivador. Si está mal juzgada una persona, tiene una condena y tiene un cáncer o tiene una patología que la puede solucionar con el cannabis no tendríamos que dejarlo afuera ni mandarlo al mercado del narcotráfico ilegal para que consiga su medicina”, opinó Coria.

La resolución también introduce como requisito excluyente para los profesionales de la salud estar inscriptos en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (Refeps) y contar con una diplomatura o maestría sobre el uso medicinal del cannabis. Aunque la formación siempre es bienvenida, la obligatoriedad de estas capacitaciones puede convertirse en una barrera más que en una garantía de calidad. En Argentina no hay diplomaturas o maestrías gratuitas sobre cannabis medicinal.

“Ya eran pocos los médicos que indican cannabis, antes de esta normativa ya eran muy pocos. Todos los inscriptos están contenidos por un centenar de médicos. Entonces, ahora encima les piden una diplomatura o maestría, que estas últimas no hay en Argentina y las primeras hay muy pocas. Funcionan desde hace muy poquito y por iniciativa meramente de las organizaciones sociales. No hay una oferta académica de parte del Estado”, ejemplificó la fundadora de “Mamá Cultiva”.

Las organizaciones actualmente inscritas disponen de un plazo de seis meses para adaptarse a estos nuevos requisitos. Durante este período, las inscripciones y autorizaciones continuarán vigentes, pero aquellas que no cumplan con las nuevas normativas serán dadas de baja.

Valeria opina que muchas personas volverán a la clandestinidad, lo que considera muy peligroso. Cree que esto podría llevar a que la gente recurra a aceites no regulados o tratamientos no oficiales, alejándose del sistema de salud pública, el cual debería brindar seguridad y respaldo. Sin embargo, ve que las actuales restricciones están empujando a las personas hacia esa situación riesgosa.

Por su parte, el abogado especializado consideró que la legalización del cultivo y consumo de marihuana en Argentina aún enfrenta desafíos significativos. Aunque el consumo de cannabis es legal desde los años 90, el país aún carece de un sistema de acceso regulado. La legalización completa llevará tiempo y dependerá de las fluctuaciones en los gobiernos, ministerios de salud y perspectivas políticas. Lo crucial es mantener el enfoque en ampliar el acceso y garantizar el derecho a la salud para todos.