Sin debate, Diputados dio media sanción a leyes de seguridad

El poggismo en sus medios de comunicación, a través de su jefe político, funcionarios y legisladores, llegó al poder con un discurso de nueva época y democracia. Sin embargo, la realidad es otra. Este miércoles diputados de su espacio y aliados experonistas aprobaron y dieron media sanción a dos leyes de seguridad sin debate: una que amplía la prisión preventiva por reiterancia y otra para suspender la ley de narcomenudeo. La votación fue de 25 votos a favor y 15 en contra; por modificaciones en los proyectos, volverán al Senado para una segunda revisión.

“Se pretende dar media sanción de un código procesal que en vez de ser hecho por especialistas, está en mano de improvisados. Ingresó desde el Poder Ejecutivo, se le dio media sanción en Senadores y no quisieron escuchar a los colegios de magistrados y abogados”, apuntó el diputado Federico Berardo, del Frente Unidad Justicialista. Este bloque votó en contra de los proyectos.

La reforma propuesta por el oficialismo modifica artículos que amplían la prisión preventiva ante casos de reiterancia. Berardo recordó que el tratamiento se retrasó una semana, ya que contaba con groseros errores de concepto e incluso algunos aliados al poggismo no asistieron a la sesión. Como contrapropuesta, Berardo presentó un proyecto de creación de una comisión especializada para la reforma, pero fue rechazado.

Tras la caída del tratamiento la semana pasada, representantes de los colegios de abogados y magistrados fueron finalmente atendidos en las comisiones de Seguridad Pública, que preside Marisa Patafio y Asuntos Constitucionales, por Charly Pereira, ambos oficialistas. “Se les dijo que era una norma inconstitucional. Se quiere dar media sanción a un proyecto que es un mamarracho”, aseguró Berardo.

“Es muy preocupante la situación de inseguridad, una situación inédita de violencia y el diagnóstico es acertado. Lo que no es acertado es que para resolver el problema solapadamente, sin ninguna participación de los sectores e instituciones involucradas se esté presentando esta modificación”, aportó Gloria Petrino, del mismo espacio.

Petrino adujo que el proyecto como está redactado infringe varios artículos de la Constitución Nacional y Provincial. Y dejó asentado en la sesión, a modo de advertencia, que se viola el artículo 40 de la Carta Magna Provincial, referido al delito en flagrancia, en el que establece un plazo de 48 horas para declarar la prisión preventiva o la puesta en libertad de la persona. En el nuevo código el plazo es de hasta 5 días.

Marisa Patafio, del oficialismo, fue la encargada de detallar en parte el proyecto. Se la notó sola en el escueto “debate”: ninguno de sus pares de bloque o aliados tomaron la palabra para defender la iniciativa. Pereira, quien por semanas habló en medios de comunicación sobre el proyecto, fue uno de los ausentes en la sesión. “No vino, lo mandaron a Chile por el papelón”, aseguró Sosa Araujo.

“Lo que queremos con este proyecto es darle una respuesta a la gente, que está cansada de que todos los días le roben, lleven al delincuente a la Justicia e inmediatamente salga. Con esta ley, lo que estamos haciendo es darle una herramienta al juez para que, a su criterio, evalúe si esta persona que está en la calle va a entorpecer el procedimiento. Es una medida cautelar, no tiene que ver con el principio de inocencia, con la culpabilidad”, remarcó Patafio a la prensa tras el debate. La legisladora aclaró que habrá excepciones para la prisión preventiva en hechos referidos a la libertad de expresión.

Lo que ocurrió a la hora de la defensa del proyecto fue por lo menos desprolijo. Patafio eligió solo leer algunos pasajes de tamaña reforma; no concedió interrupciones al bloque opositor y una de las aliadas del espacio, Maia Loredo, pidió el cierre de debate y votación directa.

Lo mismo pasó con la suspensión por un año de la ley de narcomenudeo que también obtuvo media sanción. Con la justificación de que ya se había expresado la semana pasada sobre el tema, Patafio leyó unas líneas y Loredo pidió el cierre del debate. Esta norma también será revisada por el Senado.

“Hoy, la Cámara de Diputados es una oficina del Poder Ejecutivo. Tienen todos los votos, pero si realmente creen y están seguros de lo que hacen, ¿por qué no permiten el debate? ¿Por qué no escuchan a todos los legisladores? Porque nosotros también fuimos elegidos por el pueblo”, apuntó, tras la sesión, Silvia Sosa Araujo, del bloque peronista.

“Esto es criminología mediática, un proyecto para que aplaudan. No hay ninguna política clara de seguridad. No tiene programa el Gobierno, simplemente mandar leyes a la Legislatura, para que sean aprobadas a libro cerrado”, remarcó.