El PJ se anticipó a Poggi y presentó un proyecto de orden de mérito vinculante para jueces

El bloque de diputados provinciales del Frente Unidad Justicialista presentó un proyecto de ley para modificar el sistema de selección de magistrados, fiscales y defensores en San Luis. La iniciativa propone sustituir el artículo 11° y modificar el artículo 12° de la Ley VI-0615-2008, obligando al Poder Ejecutivo a respetar de manera vinculante el orden de mérito que establezca el Consejo de la Magistratura tras los concursos públicos.

Desde la bancada opositora señalaron que este proyecto representa el trabajo de todo el bloque y que toma de manera literal la promesa que el gobernador Claudio Poggi formuló el pasado 1° de abril durante la apertura de sesiones ordinarias. 

En aquella oportunidad, el mandatario había anunciado una reforma en los mecanismos de designación para limitar la discrecionalidad del Ejecutivo, un principio que el justicialismo decidió materializar directamente a través de una reforma legal, evitando así los costos y los tiempos que demandaría una reforma constitucional completa.

Los fundamentos del proyecto enfatizan que la sociedad exige acciones concretas para fortalecer la seguridad jurídica y la confianza pública en las instituciones. El documento destaca que el acceso a la magistratura debe basarse exclusivamente en la meritocracia, el saber jurídico y los antecedentes de los postulantes, alejando al sistema del favoritismo político. 

Al volver vinculante el orden de prelación de la terna, se busca asegurar que los profesionales más calificados ocupen los cargos judiciales y que ningún juez "le deba un favor a nadie".

El articulado presentado detalla los criterios de evaluación de antecedentes, que incluyen títulos de posgrado, docencia universitaria, publicaciones jurídicas y antigüedad en la profesión o la función judicial. 

Una vez resuelto el concurso, el Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo de treinta días para remitir el pliego del candidato que encabeza el orden al Senado provincial para su tratamiento y acuerdo, previa audiencia pública.

Con este movimiento, la oposición trasladó el debate al recinto antes de que el oficialismo presentara su propia normativa. El proyecto ya fue girado a comisión, donde las distintas fuerzas políticas —incluyendo al bloque gobernante Cambia San Luis— deberán definir si acompañan la propuesta basada en las palabras del propio gobernador o si detienen su tratamiento en los meses venideros.