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El Pacto de Mayo y las intenciones dictatoriales de Milei

Milei convocó a la firma para comenzar la estructuración de una nueva política, que según él llevara a la Argentina a situarse entre los países más importantes del mundo.

Por redacción
| 14 de abril de 2024

Por Alejandro Olmos Gaona

 

Después del fracaso del proyecto de ley “ómnibus”, de autoría de Federico Sturzenegger, el presidente Milei convocó a la firma del llamado Pacto de Mayo, entre las organizaciones políticas, para comenzar la estructuración de una nueva política, que según él llevara a la Argentina a situarse entre los países más importantes del mundo. Dejando de lado las bravatas y las inconsistencias reiteradas del Jefe de Estado más preocupado en interactuar en las redes sociales que en gobernar, resulta indudable que ese “Pacto” es una de las tantas ficciones, con las que intenta convencer a una dirigencia política temerosa que no se atreve a cuestionar a Milei.

 

Llamarlo “Pacto” es un verdadero despropósito, ya que esa denominación significa un tratado o acuerdo entre partes, que se comprometen a respetar las cláusulas que se han consensuado entre esas partes. El llamado “Pacto de Mayo” es nada más que un contrato de adhesión, al que deben someterse las fuerzas políticas, tal como lo planteara enfáticamente Milei, no admitiéndose discusión alguna al respecto. Es decir que los 10 puntos del pacto no son negociables y deben suscribirse en su totalidad y sin cambios.

 

Entre los puntos extremadamente cuestionables están la reforma laboral, cuestionada actualmente en la justicia y suspendida; la necesidad de una reforma previsional, por la que se pretende volver a una suerte de privatización del sistema, que en su momento mostró su fracaso respecto a los que optaron por el mismo, la apertura al comercio internacional, lo que se puso de manifiesto durante la dictadura cívico-militar, con las consecuencias suficientemente conocidas. Finalmente, el compromiso que deben asumir las provincias para la explotación de los recursos naturales.

 

Tales medidas son de alguna manera, un remedo de las que se implementaron durante la década del 90, buscando limitar el poder del Estado y reduciéndolo solamente a lo que tuviera que ver con la salud, la educación y la seguridad, aunque en esta instancia también quieren acotarse ciertas funciones, privatizando el sistema penitenciario, limitar los aportes a la educación y sustituirlo por limitados “vouchers” que siempre resultarán insuficientes, ante los desmesurados aumentos que se conocen. Y también reducir los aportes del Estado a la salud, con el pretexto de la realización de auditorías, que buscan establecer supuestos fraudes cometidos con la entrega de medicamentos, limitando los aportes al sistema sanitario.

 

El llamado “Pacto de Mayo” supone el sometimiento de todos los gobernadores a las medidas que resuelva adoptar el presidente, quien en la ley ómnibus pretendió hacerse con la suma del poder público durante dos años, prorrogable por otros dos a su voluntad. Parece que en el instrumento legal que se enviará estos días en sustitución del anterior, será un año en vez de dos y las facultades delegadas circunscriptas a la materia administrativa, económica, financiera y energética, lo que le da un amplio margen al presidente para soslayar la intervención del Poder Legislativo en cuestiones relevantes que hacen a la administración del Estado.

 

Ese “Pacto”, aun siendo una expresión declarativa de adhesiones, complementa de alguna manera la nueva “ley ómnibus” que aparentemente ha sido negociada con algunos gobernadores y ciertos legisladores que podrían acompañar el proyecto, para convertirlo en Ley. Pero de acuerdo a las declaraciones de Milei, le importa poco la sanción de leyes que ha planteado, porque ha dicho reiteradamente que él va a seguir adelante con leyes o sin ellas, porque debe terminar con lo que llama el “estado criminal”, dejando que el capital privado sea el único motor del progreso. Y esto está claramente relacionado con lo que planteaba su mentor ideológico Murray Rothbard, para quien todo debería ser privatizado, dejando que los capitales asuman el poder político, integrándolo así con el poder real que ya tienen debido a su capacidad económica. Esto lo señalaba el desaparecido fiscal federal Federico Delgado, en su libro “Politeia”, mostrando las consecuencias que se producían cuando las elites se apoderaban del poder político, para así terminar con todas las limitaciones que pudieran entorpecer la marcha de sus negocios.

 

Con “Pacto de Mayo” o sin él, con “ley ómnibus” o sin ella, el presidente Milei quiere ejercer una especie de dictadura donde los poderes delegados que pretende permitirán que sus decisiones en temas importantes no estén sujetos a la discusión pública que supone el trámite legislativo y, sobre la base de tales criterios autocráticos, crear una nueva legitimidad libertaria, con las graves consecuencias que eso traerá para el estado de derecho.

 

Su desprecio por la legalidad lo pone de manifiesto a cada paso y en las últimas horas, planteó que los dólares que la Argentina necesita, no deben importar de dónde vienen, lo que supone, que los que se dedican al lavado de activos, los que hacen negocios fabulosos con la droga, deberán agradecerle al presidente, que les permita continuar impunemente con su accionar delictivo y seguir actuando al margen de la ley.

 

 

Los diez puntos del pacto al que convocó Milei

 

1. La inviolabilidad de la propiedad privada.

 

2. El equilibrio fiscal innegociable.

 

3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.

 

4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

 

5. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.

 

6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

 

7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

 

8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación.

 

9. Una reforma política estructural, que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.

 

10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.

 

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