Advierten que el cierre del Inadi afectará a las minorías

En su marcha hacia el ajuste, la motosierra del presidente Javier Milei avanzó esta semana con el cierre de oficinas del Estado. Así anunciaron la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). El Gobierno detalló que las funciones del organismo serán absorbidas por el Ministerio de Justicia de la Nación. Sin embargo, la incertidumbre reina entre los empleados locales y exdelegados señalaron a El Diario de la República que su cierre implicará mayor desprotección a las minorías de la provincia.

Héctor Zabala, abogado que se desempeñó en el área de 2020 a 2021, recordó los orígenes históricos e importancia del instituto, que fue creado por ley en 1995 en cumplimiento de acuerdos internacionales contra el racismo y tras los atentados que sufrió la comunidad judía en Argentina en la década del 90.

“Es sumamente preocupante, pero no hace más que ratificar la dirección que viene teniendo este gobierno de Milei, de cumplir con parte de lo que dijo en la campaña, que es dejar a los actores más vulnerables sin protección del Estado”, argumentó.

En resumen, Zabala describió que el trabajo del instituto consiste en el asesoramiento a personas, instituciones, organizaciones intermedias y grupos “que entienden que sus derechos han sido vulnerados, en cuanto a un trato igualitario y digno o porque han sido víctimas directamente de un acto discriminatorio”.

El abogado detalló que los afectados podían iniciar en el Inadi una causa administrativa y posteriormente el organismo emitía un dictamen, que luego podía llevarse a la Justicia y, así, iniciar las acciones legales correspondientes. “Era nada más y nada menos que el dictamen de un organismo especializado”, remarcó.

Durante su gestión, Zabala atendió sobre todo problemas relacionados con minorías sexuales y buscó afianzar lazos con la comunidad boliviana e israelita en San Luis. A su vez, durante la pandemia atendió varios hechos de discriminación relacionados a contagiados de COVID-19.

“Si se llega a suprimir el instituto, quien se encuentre en una situación de discriminación va a tener únicamente la legislación vigente que es de los años 80 y que tiene un gran vacío legal porque no cubre los casos que ocurren hoy y tiene sanciones que son muy leves. Son cuestiones que son muy difíciles de probar: la discriminación, la xenofobia y el racismo, y con el instituto contaban con la protección de un dictamen de expertos”, concluyó.

“Los hechos de público conocimiento nos tienen a todas movilizadas, sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil. El Inadi es de suma importancia para recepcionar las denuncias por todo acto de discriminación”, apuntó Gema Rosales, quien estuvo a cargo de la delegación tras la gestión de Zabala, hasta fines de 2022.

“Esto se trata también de la política de la derecha, de la mano de Milei, y que viene a terminar con los derechos conquistados que venimos trabajando durante años todas las minorías y sectores más vulnerados. El odio que hay y la grieta que sembraron con esto se van a sentir más y se hará más grande el margen de discriminación que puede llegar a haber sin tener este instituto y sin poder poner un freno”, agregó la exfuncionaria, activista trans.

Además del trámite descrito por Zabala, otras acciones que realizaron fueron la puesta en valor y accesibilidad de la sede local, capacitaciones en toda la provincia referida a escuelas, deportes y espacios laborales sin discriminación; talleres junto a la comunidad afroargentina; gestión y capacitaciones sobre discapacidad y espacios públicos en organismos estatales; convenios de cooperación con municipios, el gobierno provincial y el Poder Judicial; vías de comunicación para la comunidad las 24 horas del día y la implementación del cupo laboral trans.

La última coordinadora a cargo fue Majo Ochoa, quien, ante la incertidumbre por el cierre anunciado, prefirió no expresarse para El Diario. La misma postura marcaron otros empleados de la delegación local. Lo único que alcanzaron a saber era de un proceso de normalización de 180 días publicado en el Boletín Oficial. Pero no recibieron ninguna comunicación oficial desde Nación.