El nuevo Gobierno cumple un mes con dos grandes retrocesos

Claudio Poggi cumple hoy su primer mes como gobernador de San Luis y el balance no es para nada positivo. En él figuran en rojo dos marcados retrocesos: el incumplimiento del pago regular de los salarios a los estatales y la intervención política a San Luis Fútbol Club, que derivó en la suspensión provisoria de la Liga Sanluiseña de Fútbol y, por consiguiente, la imposibilidad del equipo femenino de hacer su debut en la máxima categoría nacional y les corta la chance a Juventud y Estudiantes de participar en el Federal A (Ver Página 18).

Cuatro días después de haber asumido, el jueves 14 anunció la medida que selló a fuego sus primeros treinta días de gestión. Por la señal televisiva estatal, el mandatario anunció el desdoblamiento de los sueldos a toda la administración pública, lo que incluía también a docentes y personal de salud y de seguridad. La disposición no tiene ningún registro similar en tiempos de democracia más en una provincia a la que siempre la distinguió el pago en término y de una sola vez a sus empleados.

En la misma aparición pública, Poggi adelantó otra iniciativa inédita: la intención de tomar un empréstito millonario para destinarlo a gastos corrientes, en contra de lo que establece la Ley de Contabilidad y todas las normas semejantes. El proyecto de ley de endeudamiento carga con muchos interrogantes como el monto, el tipo de moneda, la tasa de interés y cómo se pagará.

A ambos vaticinios los argumentó con que recibió el Gobierno con un supuesto estado deficitario de las finanzas. Por eso, además, suspendió la obra pública que estaba en marcha y los llamados a licitación vigentes, entre otras disposiciones que aportaron al enfriamiento de la economía.

El malhumor social de los afectados por el ajuste fue creciendo con el correr de las horas y de los días. Las concentraciones, marchas y protestas de autoconvocados y de los gremios con afiliados en distintas reparticiones del Estado ganaron las reparticiones públicas y las calles céntricas, y se tornaron moneda corriente.

Los perjuicios económicos hicieron mella en el bolsillo de los trabajadores. Hasta los más incrédulos, quienes pensaban que era una puesta en escena de

Poggi y compañía, se dieron cuenta el 29 de diciembre que todo era una triste realidad. Ese día, un grupo de estatales cobró la primera cuota de sus haberes, otro grupo ni siquiera recibió un peso y hubo otro sector, calculan unas seis mil personas, que sin aviso, además, perdió estabilidad laboral porque dejó de ser planta permanente y volvió a ser contratado.

La mayoría no pudo hacer frente a las obligaciones contraidas, como el alquiler o el pago de la tarjeta de crédito, cuya fecha de vencimiento no se desdobla y pasaron unas Fiestas de fin de año contrariados y desesperanzados.

Los pedidos de audiencia al Gobernador se replicaron. Ninguno tuvo respuesta. Hasta que el viernes pasado, el gremio ATE y la Defensoría del Pueblo presentaron una acción de amparo conjunta para que la segunda cuota, prevista para el 16 de enero, no se hiciera esperar. Las pruebas que adjuntaron fueron tan contundentes que en al día hábil siguiente la jueza penal y contravencional, Daniela Benenatti, resolvió hacerle lugar y ordenar al Ejecutivo a desembolsar de inmediato el remanente salarial. Como Poggi se enteró de que el fallo era inminente, el domingo cerca de las 23 usó sus redes y su aparato mediático para difundir un mensaje en el que decidía adelantar seis días el pago de la segunda cuota gracias a ahorros por supuestos hechos de corrupción.

Hoy, finalmente, serán depositados los fondos restantes. El detallado informe difundido el 9 de diciembre por el entonces ministro de Hacienda, Eloy Horcajo, y convalidado por su sucesor Néstor Ordoñez, indica que la Provincia tenía dinero suficiente para pagar a todo el personal y afrontar otros gastos de ese mes y de enero. Si el dinero estaba, queda un interrogante: ¿qué hizo Poggi con los intereses que ganó durante todos esos días que atrasó el pago?

Pero esto no queda ahí. Nuevos focos de conflicto se vislumbran con el incumplimiento del Tratado del Caldén, que permitía el pago de un suplemento salarial a todos los municipales para garantizarles un piso salarial por encima de la inflación y la canasta básica, y la intervención a la Universidad de La Punta, entre otros pasos en falso que ha dado el nuevo gobierno provincial, que en tan solo treinta días ya muestra signos de desgaste.

Redacción/MGE