Avanza el proyecto para el cupo de discapacidad en espectáculos

En no más de tres semanas la iniciativa que establece un cupo mínimo en espectáculos en la ciudad para que personas con discapacidad de la capital puedan ingresar de manera gratuita toma forma y avanza para su posible aprobación en el Concejo Deliberante de San Luis. La propuesta del vecino Omar Terc fue tomada por el concejal del interbloque Frente Justicialista de Todos, Alejandro Cordido, quien confeccionó los alcances de la normativa en forma de un proyecto de ordenanza. Ahora resta el tratamiento en la Comisión de Legislación e Interpretación este próximo martes y luego su tratamiento en la sesión ordinaria.

“Omar es familiar de una persona en situación de discapacidad, él está activando, militando para este tipo de proyectos, para el beneficio de toda la comunidad, entre otras cuestiones porque en su cotidianidad se encuentra con este tipo de barreras”, apuntó el concejal sobre el origen del proyecto.

De no mediar cambios en la comisión, la versión inicial de la iniciativa de Cordido, inspirada en la propuesta de Terc, establece un cupo del 3 al 5 por ciento para la concurrencia de personas en situación de discapacidad en todos los eventos, actividades y/o espectáculos recreativos, culturales, deportivos y de cualquier índole, públicos y privados, que se desarrollen en la ciudad.

Respecto al tope del 5 por ciento, Cordido explicó que se basaron en algunas experiencias en otras jurisdicciones como el cupo que existe en el Cine Gaumont, de la Ciudad de Buenos Aires, que es administrado por el Incaa.

“Entendíamos que es un porcentaje razonable y que además permite no desbalancear ninguna ecuación económica de los organizadores del evento, porque recordemos que en todos estos casos el ingreso es gratuito, por lo tanto está apuntado fundamentalmente a los eventos que tienen un costo”, argumentó.

Para acceder a este beneficio, la persona solo deberá presentar su Certificado Único de Discapacidad (CUD). Esto le garantizará la gratuidad y la provisión de lugares accesibles para su disfrute. Además se establece un 100% de bonificación para la persona acompañante de quien posee el CUD.

La Municipalidad deberá habilitar un sistema electrónico para verificar el cumplimiento del cupo en tiempo real, en el cual los responsables de los establecimientos y de los espectáculos deberán ingresar los datos de las personas que accedan al beneficio. Este sistema también deberá ser accesible al público en general para que las personas en situación de discapacidad y sus acompañantes puedan verificar la disponibilidad del cupo.

El proyecto también establece sanciones en el caso de que se marque que el cupo ha sido cubierto, cuando esto no ha ocurrido. Se contempla para este caso la clausura, suspensión de la actividad, inhabilitación, multa, decomiso y asistencia obligatoria a cursos de educación especial, entre las posibles sanciones, tanto para el dueño del establecimiento, como para el realizador del espectáculo.

Por último, la iniciativa marca que el Municipio queda facultado para destinar las partidas presupuestarias necesarias para solventar el costo que conlleve la aplicación de la ordenanza para las instituciones y los realizadores de espectáculos.

Cordido explicó que la ordenanza busca garantizar el derecho al “ocio inclusivo”, que está consagrado en múltiples convenciones internacionales. Esta idea tomó estado constitucional en el país en 2008 y hasta está incluido en la Carta Orgánica Municipal.

“La Carta Orgánica de nuestra ciudad tiende a la promoción de la salud, pero también a la promoción de otros derechos humanos de las personas como el esparcimiento, el deporte, la educación, la recreación. Al ver al colectivo que integran las personas en situación de discapacidad, entendemos que requieren de una especial atención y acción del Estado y en ese sentido es que va a esta ordenanza”, remarcó.

“La accesibilidad no solo implica despejar las barreras físicas para que las personas en situación de discapacidad puedan acceder sino además las barreras económicas. La ONU y la OEA tienen acreditado que las condiciones o las restricciones económicas son uno de los factores fundamentales que impiden el pleno desarrollo de las personas con discapacidad”, amplió el legislador.

“No solo por la vivencia de la propia persona, sino además, fundamentalmente, por la restricción que la sociedad va imponiendo por acción u omisión a esas personas. Es deber de la sociedad remover todos esos obstáculos para que las personas en situación de discapacidad gocen plenamente de sus derechos como quienes no están en esa en esa situación”, concluyó.