Alarmantes casos de suicidios: impulsan la creación de una ley de salud mental

San Luis pasa un momento muy difícil y los números lo muestran con claridad. En 2025 hubo 96 muertes por suicidio en la provincia, lo que nos deja con una tasa de 18,9 cada 100 mil habitantes, la segunda más alta de todo el país, cuando el promedio nacional es de 11,8. Y lo más triste es que la mayoría de esas muertes fueron de jóvenes de entre 15 y 29 años. No es algo que pasó de golpe, viene creciendo año a año, porque en 2023 la tasa era de 16,3 y en 2024 ya había subido a 17,5.

Además, solo en la primera mitad de 2025 se registraron 292 intentos de suicidio y el 911 recibió más de 900 llamados por situaciones de crisis. Es decir, hay muchísima gente que está pidiendo ayuda y que no siempre encuentra una respuesta a tiempo. Hoy, en toda la provincia, el único lugar público especializado para internar tiene apenas 11 camas, y eso no alcanza para nada. Se trata del Hospital de Salud Mental.

En 2024 San Luis adhirió a la ley nacional de prevención del suicidio, pero según explican los que escribieron este proyecto, esa adhesión quedó solo en el papel, porque no se pusieron metas, no se creó un presupuesto propio, no se armaron dispositivos nuevos y no se controló si algo cambiaba de verdad. Por eso ahora proponen una ley provincial completa, con 54 artículos, para que todo esto funcione en serio y no dependa de la voluntad del gobierno de turno.

Por una atención rápida y accesible

La propuesta es bastante simple de entender. La idea es que la salud mental se atienda cerca de la casa de cada uno, en los centros de salud de los barrios y en los hospitales generales, y que cualquier persona pueda ir directamente, sin tener que pedir primero una derivación y sin pagar nada.

También se propone que cuando alguien intenta quitarse la vida y sale del hospital, no se lo deje solo, sino que antes de darle el alta se le arme un plan para cuidarse, se le dé un turno ya asignado, se lo llame en las primeras 72 horas y se lo acompañe por lo menos durante un año.

Otra parte importante es que se crearía una línea provincial para atender crisis, gratis, las 24 horas y todos los días del año, con profesionales de salud mental que puedan atender también por mensaje, y que esté conectada con el 911 y con las líneas nacionales. Y para la gente que vive lejos, en el campo o en pueblos chicos, se sumaría la atención por videollamada, para que la distancia no sea un motivo para quedarse sin ayuda.

Ámbito escolar

El proyecto de ley también piensa en las escuelas, porque ahí es donde muchas veces se nota primero que un chico o una chica la está pasando mal. Por eso propone que haya un solo protocolo para todas las escuelas de la provincia para saber qué hacer cuando hay riesgo, que se fortalezcan los equipos que orientan a los estudiantes, que los docentes y directivos se capaciten de forma obligatoria y que en las clases se hable de salud mental para aprender a cuidarse y a cuidar a los demás.

También se ocupa de las familias que pierden a un ser querido por suicidio, para que reciban acompañamiento psicológico gratuito en los primeros 7 días y para que se trabaje en la escuela, el club o el lugar de trabajo donde pasó, porque todo ese entorno queda golpeado. Y propone formar referentes comunitarios de primera escucha, que son vecinos y vecinas de los barrios, de los clubes, de los centros de jubilados, de las comunidades religiosas y agentes sanitarios, que se capacitan de forma voluntaria para saber escuchar, acompañar y derivar a tiempo, sin reemplazar a los profesionales.

Plan de prevención

Para que todo esto no quede en promesas, el proyecto pide que haya un plan provincial de prevención que dure cuatro años, con metas claras que se puedan medir, como bajar la tasa de suicidios en la provincia. También pide que se informe de manera obligatoria cada intento, para tener datos reales, que en 90 días se haga un mapa de a dónde puede ir a atenderse cada puntano, y que todos los años, antes del 30 de abril, se presente un informe a la Legislatura contando qué se hizo y qué falta.

También se crea un órgano de revisión en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, para cuidar los derechos de las personas que usan los servicios de salud mental, con participación de usuarios, familiares, profesionales y organizaciones de derechos humanos. Y en lo que tiene que ver con la plata, que es clave, se propone que haya un presupuesto propio para esto y que de a poco, en un máximo de 4 años, se llegue a destinar por lo menos el 10 por ciento de todo el presupuesto de salud a salud mental, y que esa plata no pueda bajar.