Agustín Ruta, el juez que colecciona controversias

La función de un juez es resolver controversias, no generarlas.  Agustín Ruta, titular del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 4, va contra la corriente. Esta semana el Jurado de Enjuiciamiento votó por unanimidad su juicio político y la suspensión de sus funciones. Además, dictaminó que perciba el 50 por ciento de sueldo.

Ruta fue denunciado por haber avalado la transferencia de fondos embargados por más de 60 millones de pesos a la empresa Codapri SA en una causa que esta compañía tiene con el banco Macro. El jurado, conformado por Jorge Levingston, Fernando Pascuet, Javier Solano Ayala, Alfonso Vergés, Valeria Imberti, Gimena Ramírez Couto, Marisa Patafio, Verónica Garro y Gustavo Morales, corrió vista al acusador, el procurador general Luis Marcos Martínez.

La investigación contra Ruta se inició tras una presentación asentada por la abogada Claudia Rocha, en el marco de la causa “Codapri contra el banco Macro sobre daños y perjuicios”. 

El juicio político y la suspensión de Ruta son solo un eslabón  más de varios tropiezos recientes en los que ha incurrido el magistrado. 

Hace dos meses fue recusado e investigado por la viralización de dichos difamatorios en contra de la fiscal Virgina Palacios. Los peritajes efectuados por la Justicia al teléfono con el que se emitieron los mensajes, luego replicados en portales de noticias, coincidían con la ubicación del domicilio del juez, quien  reside  en el barrio Los Quebrachos de la capital provincial.

Pero sus equivocaciones vienen de antes. El Tribunal Electoral Provincial integrado por Alberto Levingston, Javier Solano Ayala y Fernando de Viana había hecho lugar a una recusación planteada por los apoderados del lema oficialista Unión por San Luis y apartaron a Ruta del proceso electoral 2023. La recusación advertía sobre la amistad del magistrado con Delfor Sergnese, apoderado de un partido integrante del lema Cambia San Luis.