Caso Magallanes: piden seis meses de preventiva para el acusado por el homicidio

Franco Gonzalo Pizarro llegó a la sala de audiencias en el subsuelo de los Tribunales encapuchado, esposado y custodiado por dos policías. Afuera, unos familiares le dieron fuerzas y le dijeron que no se preocupara. Tenía puesta la misma malla y ojotas con las que lo detuvieron el domingo a la tarde en el barrio 9 de Julio de la capital. Dentro, lo esperaban el juez de Garantías 3, Marcos Flores Leyes, y las fiscales María del Valle Durán y Claudia Heit, para quienes hay “elementos de convicción suficientes” para acusarlo por el homicidio de Carlos Magallanes, ocurrido el 22 de enero a la madrugada en la zona oeste de la capital. Por eso solicitaron que sea enviado al Penal por seis meses, mientras culmina la investigación, aunque eso será definido en una audiencia la semana próxima.

“El Caca”, como apodan a Pizarro, fue asistido por el abogado Santiago Olivera Aguirre, quien solicitó 8 días de prórroga de la detención para recolectar pruebas que alivien la situación procesal de su defendido. Mientras, seguirá alojado en una celda de la Comisaría 1ª.

En la audiencia, que comenzó a las 10:10, Durán hizo un breve repaso del hecho, ocurrido cerca de las 4:30 de la madrugada en Brasil 929, entre Lavalle y Bolívar, vivienda de la víctima. “El Banana” Magallanes y Kevin Rosales estaban sentados en la puerta cuando un Volkswagen Bora gris oscuro frenó y uno de sus ocupantes le preguntó al dueño de casa “¿dónde está César?”, tras lo cual abrió fuego.

En la puerta, pared y vereda frontal de la morada quedaron rastros de al menos 7 disparos: tres le dieron a Magallanes, uno en cada mano y otro en la ingle, lesión que le provocó una hemorragia incontrolable y que derivó en su muerte momentos después, en el Hospital Central “Ramón Carrillo”. Rosales recibió un balazo en el brazo derecho y el proyectil le quedó alojado entre el hombro y el omóplato, pero sobrevivió.

Heit se encargó luego de enumerar como pruebas los testimonios de varios vecinos que vieron merodear al Bora gris, propiedad de Pizarro, por calle Brasil momentos previos al hecho e incluso algunos días antes. Hubo quienes también presenciaron la agresión e identificaron al conductor del auto. Otros vieron cómo, tras efectuar los disparos, el vehículo partió hacia el sur y su conductor, a quien señalaron como “El Caca”, se bajó en la esquina con calle Lavalle y le sacó la patente de identificación.

Luego, el agresor siguió hasta calle Antártida Argentina y enfiló en dirección oeste hacia el barrio 1º de Mayo. La fiscal adjunta también enumeró registros de cámaras de seguridad, pericias químicas y balísticas, y el resultado del análisis de las manchas de sangre en la vereda de Brasil 929.

Al retomar la palabra, Durán, fiscal de Instrucción 4, dijo que la calificación legal provisoria es de “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego” en el caso de Magallanes y de “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa” en el caso de Rosales. Y solicitó una prisión preventiva por el término de seis meses para asegurar los fines del proceso.

Desprecio por la ley

Para fundar ese pedido, la fiscal le explicó al juez que Pizarro ya cuenta con dos condenas: una emitida por la Cámara Penal 2 el 4 de junio de 2018 en una causa por “Tenencia ilegal de arma de fuego y encubrimiento”, por la que recibió una sentencia en suspenso, y otra del 19 de noviembre de 2020, del Juzgado de Sentencia, a 9 meses de cárcel por “Resistencia a la autoridad”.

En ese último caso, recordó, el acusado fue sorprendido en la calle, a bordo de su Bora gris, cuando regía el aislamiento social por la pandemia de coronavirus. Como dos agentes de Policía se acercaron a identificarlo, “El Caca” aceleró y atropelló a la oficial María Verónica Díaz, quien por el impacto subió al capot y luego cayó hacia el costado.

“La extensa lista de antecedentes es un dato objetivo de su comportamiento”, dijo Durán y acusó un desprecio por el cumplimiento de la ley de parte del joven, quien tiene 29 años. También comentó que, de quedar libre, podría fugarse o bien entorpecer la investigación influyendo en testigos a quienes conoce y que, además, están atemorizados.