Caso Lucio: maltrato infantil y... ¿odio de género?

En Argentina el 59 por ciento de los chicos y chicas de entre uno y catorce años experimentó prácticas violentas de crianza. Según Unicef, el 42 por ciento de los casos fue con castigos físicos, como golpes con objetos y palizas; mientras que el 51 por ciento recibió agresión psicológica, entendida por gritos, amenazas y humillaciones. Aunque el último relevamiento actualizado data de 2020, no fue hasta dos años después que un proyecto de ley para prevenir y detectar casos de maltrato infantil apareció en la Cámara de Diputados de la Nación. 

El nombre de la potencial ley servirá, si obtiene la media sanción faltante, como un constante recordatorio para quienes tengan responsabilidad sobre el cuidado de niños y niñas. Se llama Ley Lucio, pero en la letra pequeña se lee “muerte evitable”.

“No es ninguna novedad que determinados operadores tengan obligaciones respecto de la detección de los niños contra el maltrato infantil. La cuestión es que después las cumplan, porque podemos tener la mejor ley, pero si los que la tienen que cumplir no lo hacen, cae en letra muerta. El caso Lucio lo que deja en evidencia, en relación a los agentes de salud, es la falta en el cumplimiento de obligaciones que hubieran permitido la detección temprana de lo que estaba viviendo. Acá lo que no pasó en el sistema de salud de La Pampa fue lo que disparó las alarmas y que desembocó completamente en el desenlace fatal”, opinó el abogado querellante que representa a la familia Dupuy, José Mario Aguerrido, en diálogo con El Diario de la República.

Este viernes, la Justicia pampeana condenó a Magdalena Espósito Valenti y a Abigail Páez a prisión perpetua por el asesinato de Lucio Dupuy. La primera de ellas, la madre del niño de cinco años, por homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento; y la segunda, pareja de Magdalena, a los cargos anteriores se les sumó el delito de abuso sexual.

Aunque la condena fue la esperada por la familia, todavía aguardan que se le adjudique la falta de abuso sexual a la madre de Lucio. Sostienen que, aunque quizá no fue responsable del último abuso que sufrió el niño el 26 noviembre de 2021, existen pruebas suficientes para demostrar que participó en ataques previos.

“Esto no va a modificar eventualmente la condena a cadena perpetua por homicidio agravado. Pero el deseo de la familia de Dupuy es que la reconstrucción histórica sea lo más fehaciente posible y desde ese punto de vista entendemos que lo más exacto es considerar a la madre también responsable del abuso sexual”, determinó Aguerrido.

Tres meses antes de su muerte, Lucio fue llevado cinco veces a distintas guardias de La Pampa por traumatismos varios; en ninguna hay registro de que el personal de salud notificara de la violencia que, claramente, mostraba su cuerpo.

El abogado aseguró: “Ya estamos trabajando para plantear una denuncia concreta para quienes, desde el ámbito de la salud pública de la provincia, no habrían cumplido con sus obligaciones respecto a la comunicación a los organismos correspondientes de las situaciones de maltrato que evidenciaba Lucio. Luego, será la Justicia la que determine si hay responsabilidad criminal o no de quienes abordaron a Lucio en distintas circunstancias y que, a mi criterio, tenían una obligación que era informar a la autoridad de protección de la niñez de que ingresaba un chico con muestras de maltrato infantil  y no lo hicieron”.

El jardín de infantes al que asistía tampoco avisó a las autoridades e, incluso, el padre del pequeño, Cristian Dupuy, reconoció recientemente que “podría haber hecho más”.

En referencia al centro educativo al que asistía el niño, Aguerrido comentó que no tenían intenciones de iniciar acciones contra ellos, pero que en los últimos días recibieron nuevo material que les hizo replantearse esta decisión aunque, por el momento, no hay nada confirmado.

Fuera de duda está la probada culpabilidad de Valenti y Páez. Sin embargo, muchos recurrieron a sus ideologías para apuntar a todo un movimiento, el feminista, y tratar al caso como uno de “odio de género”; ¿desviando la atención del verdadero título al crimen de maltrato infantil e invisibilizando así un problema mayor? La familia opina que no, que ambas problemáticas van de la mano.

“Nosotros no hemos combinado la cuestión de que ellas pertenecieran al colectivo feminista, entendemos que hay cuestiones que van más allá de la sentencia. Pero no se ha considerado siquiera como prueba, acá entendemos que hay un homicidio y todo un proceso que lleva a la muerte de Lucio”, aclaró el abogado.

Aguerrido agregó que tanto él como la familia Dupuy consideran que las condenadas manifestaban un odio dirigido al género masculino que iniciaba con Lucio y se extendía al padre y al abuelo paterno, Ramón. Es por esto que no están conformes con la condena.

“La violencia de género tiene un gran contenido ideológico. No podemos hablar de la violencia unidireccional, sino que atraviesa todo el espacio social argentino. Los conceptos de la violencia de género vienen a cubrir el asesinato de determinados colectivos y, obviamente, el maltrato hacia las mujeres; pero sin perder de vista que esa problemática es una parte de un problema mayor: la violencia genéricamente hablando”, reflexionó.

Si por definición “violencia de género” es "un tipo de violencia física, psicológica, sexual e institucional, ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación sexual o identidad”, el punto es demostrar que el maltrato y los abusos que recibió Lucio fueron por este motivo.

“La única forma de justificarlo es basándose en la cuestión científica y psicológica, y en entrevistas que se realizaron a las acusadas y en distintas referencias a su historia personal que nos permiten seguir y confirmar que fue un homicidio de odio al género masculino”, remarcó.

El asesinato de Lucio, junto al inminente avance del proyecto de ley que lleva su nombre, prometía, al menos, una ilusión de resguardo y un reflector sobre los casos de violencia infantil. Sin embargo, un día antes de conocer la sentencia por el caso Dupuy, en Santa Rosa, la misma ciudad en donde murió Lucio, un bebé de un año ingresó a urgencias y quedó internado en terapia intensiva por los golpes que recibió de su padre.

“El maltrato infantil no es patrimonio exclusivo de La Pampa; hay en todo el país un sinfín de casos que no se conocen. En definitiva, por eso es la importancia de la ley y de concientizar a la gente en general respecto a la necesidad de involucrarse en los casos que uno puede conocer directa o indirectamente”, reflexionó Aguerrido.

¿Por qué San Luis?

En 2017 los gobernadores de La Pampa y San Luis firmaron el Tratado de Cooperación El Caldén con el fin de impulsar acciones que promuevan el desarrollo económico y social, la salud, la educación, la ciencia, la tecnología, el deporte y la cultura de ambas provincias.

Uno de los tantos puntos del tratado asegura que servirá para “establecer políticas de cooperación en materia de seguridad, referidas a intercambio de información, capacitación del personal, controles conjuntos e infraestructura carcelaria”.

Bajo ese tratado se suscribieron dos acuerdos, uno de ellos sostiene que San Luis se compromete a prestar alojamiento en su Servicio Penitenciario Provincial a personas privadas de libertad, ya que La Pampa no cuenta con una prisión provincial.

Además, al momento de firmar, el gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá, aseguró que el alojamiento que San Luis brinda a los presos de La Pampa es remunerado por la provincia vecina.

Bajo ese acuerdo fue que se dispuso la ubicación de Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez en el Servicio Penitenciario local.

Aclaración necesaria

En sus redes sociales, el Ministerio de Seguridad provincial desmintió que la Provincia se fuera a hacer cargo del tratamiento hormonal de una de las acusadas.

“Desde el Gobierno de San Luis creemos necesario desmentir las versiones periodísticas que circulan y que aseguran que ‘el Estado puntano se haría cargo de la terapia hormonal masculinizante de una de las asesinas de Lucio Dupuy’. Por ende, resulta oportuno aclarar que los organismos del Estado provincial en ningún momento realizaron el tipo de tratamiento mencionado en la interna referida”, detalló el comunicado.