El comunicado que dejó en evidencia a Bullrich y Milei

El último tramo de la campaña presidencial en Argentina se ha convertido en una selva discursiva en la que parece que todo vale con tal de conseguir algún voto. El último debate público fue la muestra clara, porque algunos de los candidatos sacaron sus garras con frases muy alejadas de la realidad, pero que tenían la única intención de hacer daño y confundir a la población.

Eso fue lo que denunció el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) en un comunicado que buscó echar claridad sobre un tema sensible que fue tomado con mucha liviandad y hasta con datos erróneos por Patricia Bullrich y Javier Milei.

En el intercambio televisado en la Facultad de Derecho de la UBA, la integrante de Juntos por el Cambio planteó: “Hoy el 10% de la venta de órganos ilegal en el mundo es trata de personas, secuestran a chicos, tratan a personas y venden órganos. Esta es la realidad. Hoy Interpol ha planteado un informe muy clarito: la venta de órganos es uno de los delitos más codiciados en el mundo criminal”.

Mientras que el representante de La Libertad Avanza contestó: “Hay 7 mil personas esperando un trasplante y 300 mil potenciales donantes, hay algo que no funciona en el medio que genera un montón de corrupción”.

El Incucai, junto a los 24 organismos provinciales que conforman la Comisión Federal de Trasplante (Cofetra), expresó en el escrito que “las afirmaciones realizadas demuestran un total desconocimiento del sistema”.

En primer lugar, aclararon que si bien hay un promedio de 300.000 personas fallecidas al año en Argentina, no todas pueden ser donantes, ya que esto depende de las características de la muerte, que debe producirse en la terapia intensiva de un hospital y ser certificada bajo criterios neurológicos. Un fallecimiento de este tipo se produce en aproximadamente 4 de cada 1.000 casos.

Luego, señalaron que el sistema de donación y trasplante argentino es reconocido regional y mundialmente por su organización, su marco legal y su método de registro, que garantizan la trazabilidad de los procesos y la transparencia. A tal punto que la Organización Mundial de la Salud designó al país como uno de los tres centros colaboradores en la materia en el mundo.

Y finalmente, remarcaron que si un representante del Poder Legislativo tiene conocimiento sobre supuestas irregularidades, tiene la obligación de denunciarlo. De lo contrario, estaría incumpliendo sus deberes de funcionario público.