SAN LUIS - Jueves 18 de Agosto de 2022

SAN LUIS - Jueves 18 de Agosto de 2022

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Legislar para el mañana, hoy

Al ritmo acelerado de la revolución tecnológica mundial, la humanidad ha ingresado a paso firme en la era de la información. Vivimos en sociedades crecientemente más conectadas, vinculadas a una red global mediante dispositivos tecnológicos, interactuando de manera convergente e instantánea. Somos un sinnúmero de personas y organizaciones produciendo, intercambiando y consumiendo información.

 

Es importante tenerlo claro: la era de la información implica un verdadero cambio de paradigma. En todo el mundo la política, la economía y la cultura se encuentran atravesadas por esta transformación y las instituciones trabajan para adaptarse y amoldar las estructuras legales y a las nuevas reglas de juego.

 

Por eso, quienes tenemos circunstancialmente la tarea de legislar nos encontramos frente a un gran desafío y una enorme responsabilidad: legislar para el futuro. Sin hacer abstracción de viejas deudas y retos aún pendientes; y sin olvidar que en muchos casos, este futuro ya llegó. Y nos afecta.

 

Por eso celebro el avance legislativo del proyecto de ley que crea el Plan de Ciberseguridad para la Provincia de San Luis. Dicho proyecto procura generar las condiciones para garantizar una nueva serie de derechos surgidos al calor de la era de la información y vinculados a la seguridad en el ciberespacio.

 

Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ciberseguridad? En términos generales, hablamos de “prácticas, procedimientos y herramientas destinados a la protección de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los activos de información que se generan y procesan en el ciberespacio”, a través de distintos dispositivos (como computadoras o móviles) y sistemas (como servidores y redes). Es decir, el plan que propone el proyecto de ley pretende generar acciones para proteger activos de información, entendiendo por estos a “cualquier elemento que genere, procese, almacene y/o transmita información de valor” para la persona o la organización.

 

Lo que sucede es que personas y organizaciones (públicas y privadas) nos encontramos permanentemente creando y traficando distintos volúmenes de datos. Esta información es valiosa: constituye “activos” de gran valor para sus propietarios y por lo tanto es imprescindible protegerla.

 

Por eso, el proyecto parte de la premisa de que en San Luis existen distintos conjuntos de activos de información, que son a la vez propiedad de diferentes personas físicas y jurídicas. Así, existen datos de enorme valor, tanto para vecinos y vecinas, como para distintas instituciones, tales como el propio Estado provincial en sus tres poderes, los Estados municipales, las empresas y organismos del sector privado y las organizaciones del tercer sector. Todos estos deben ser protegidos, aunque el tratamiento que debe darle una estrategia integral de ciberseguridad a cada uno de estos conjuntos es diferente.

 

El primer objetivo del Plan de Ciberseguridad es proteger los activos de información de propiedad provincial. Es decir, “empezar por casa”, diseñando y aplicando mejoras en la seguridad del entorno de información del Estado provincial en sus tres poderes.

 

El segundo conjunto de objetivos del plan es de carácter más bien relacional: la prevención de ciberamenazas y la promoción de buenas prácticas para la protección de otros activos de información en toda la provincia de San Luis.  En este punto, el plan propone una aproximación basada en la coordinación intergubernamental y la concertación intersectorial, a través del trabajo de un Consejo de Articulación y Promoción para la Ciberseguridad, un organismo colegiado integrado por representantes de distintos organismos.

 

En relación a los municipios de San Luis, se propone un trabajo de apoyo técnico y soporte a través de la Unidad Ejecutora y el Consejo, para que a través de la adhesión —cuando resultara necesario— de los mismos a la ley se articulen estrategias específicas de ciberseguridad. Con respecto a organizaciones del sector privado y del tercer sector, se fijan lineamientos y se proponen instancias de promoción de buenas prácticas, para que desarrollen estrategias propias de optimización de la protección de sus datos. Con respecto a la ciudadanía, fundamentalmente se propone la promoción de una cultura de protección de los activos de información personales y promoción de la ciberseguridad a nivel personal y familiar, que contribuya a prevenir delitos como las estafas electrónicas.

 

En materia política, el plan representa un punto de partida para la construcción de una estrategia integral de ciberseguridad para la provincia, cristaliza el compromiso institucional del Estado provincial en trabajarla en relación a sus propios datos y determina una agenda de trabajo para extenderla a la protección de otros activos de información, de propiedad de otros actores de la sociedad.

 

En este sentido, el plan significa un verdadero avance en la adecuación de nuestras estructuras legales a las nuevas realidades que nos impone nuestro ingreso en la era de la información. Estamos legislando para un futuro que ya comenzó. Estamos generando las bases para la construcción del mañana, hoy.

 

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