Le niegan la prisión domiciliaria a Rosendo y elevan la causa a juicio

Una vez que Ariel Rosendo fue procesado y enviado al Penal, sus defensores trataron sistemáticamente de que el procesamiento con prisión preventiva que le dictaron fuera revocado. Pero no lo consiguieron. Lo intentaron ante los jueces de Instrucción que llevaron adelante la causa contra el suspendido senador por robo, por desobedecer una orden judicial, y por violar las medidas contra el coronavirus, y también interponiendo recursos ante cámaras penales y el Superior Tribunal de Justicia. Pero en esas instancias también rechazaron los constantes planteos hechos, ya sea para dejar sin efecto el procesamiento o para que el político accediera a la prisión domiciliaria. Esa última solicitud fue hecha a la jueza Mirta Ucelay. Esta semana la magistrada respondió a esa petición: le negó el beneficio de sobrellevar el encierro en su casa y elevó la causa a juicio oral.

En su resolución, la jueza de Instrucción Penal 3 argumentó que “frente a la gravedad de los episodios imputados al causante y la posibilidad concreta de que se pueda influenciar a las víctimas y testigos, cuyo testimonio en juicio resulta relevante (…), la defensa no aportó garantías suficientes de forma tal de poder suponer que no los amedrentará”. Asimismo, la magistrada dispuso notificar al Servicio Penitenciario para que arbitre los medios necesarios para el debido control de la salud física y mental de Rosendo, puesto que uno de los argumentos expuestos por los abogados del imputado fue que, a causa de sus problemas de salud, lo mejor sería no estar encerrado en la cárcel, sino en su casa.

La Cámara Penal 2, integrada por los jueces Daniela Estrada, María Silvia del Castillo de Insúa y Aníbal Astudillo, será la encargada de juzgar al suspendido senador una vez que se determine la fecha del debate oral. Eso dependerá del cronograma de juicios que ese tribunal tiene previsto para lo que queda del año y el siguiente.

Antes de que el expediente fuera elevado a juicio, la fiscal de Instrucción 2, Daniela Torres, formuló su acusación contra Rosendo. Para ella está claro que todas las pruebas y declaraciones de testigos recogidas durante la instrucción señalan que el hombre es culpable de "Robo doblemente calificado por efracción y por cometerse en poblado y en banda", en perjuicio de su expareja Ivana Massimino y del gremio Smata, del que supo ser dirigente; "Desobediencia de una orden de la autoridad judicial" y "Violación de las medidas antipandémicas". Por todo eso, para la fiscal, debe ser condenado a 10 años de cárcel.

En su requisitoria, la fiscal repasó los numerosos testimonios de quienes afirmaron haber visto a Rosendo la mañana del 18 de mayo de 2020 entrar a Italia 420, la vivienda de Smata donde vivió con Massimino cuando era gremialista, y saquearla. Desde vecinos hasta un fletero que contrató para trasladar los muebles y artefactos que sustrajo de la casa, afirmaron haberlo visto forzar la puerta de dicho domicilio y vaciarlo.

Al hacer eso, acompañado de otras siete personas, entre las que estaba su hija de 12 años, el hombre violó la restricción que le impedía acercarse a su expareja o a la vivienda de ella, aunque la mujer no estuviera allí en ese momento.

A su vez, quebrantó las medidas de aislamiento establecidas por un decreto nacional para evitar la propagación de COVID-19.

"La inmunidad que le otorga el rol de senador no es una franquicia para ir por la vida agrediendo y quebrantando el orden natural de las cosas y accionando contrariando el Código Penal", expuso la fiscal. Esa inmunidad Rosendo la perdió el 28 de septiembre, cuando el Senado le quitó los fueros.

Redacción