Denuncia por amenazas y estafa a quien le alquilaba

Una mujer denunció a otra que le alquilaba una casa, en San Luis. Y, según lo que ha considerado un fiscal, hay alguna presunción de que la locadora habría incurrido en tres presuntos delitos, una estafa, amenazas y ejercicio ilegal de la profesión, dijo Santiago Olivera Aguirre, el abogado que representa a la denunciante, cuya causa tramita en el Juzgado Penal 2.

Explicó que en su oportunidad se puso en contacto con él una docente de apellido Cáceres, que tiene a cargo a su anciana madre, quien ha sufrido un ACV. Vivían juntas en la propiedad que ella arrendaba. Dijo que Cáceres hizo reclamos desde julio hasta febrero, ya que comenzó a tener algunos inconvenientes relacionados al estado de la vivienda. “Se le caía la pintura de uno de los ambientes, hasta que en un momento se le vino abajo un pedazo de techo. En su desesperación, mandó carta documento. No tuvo resultados. La situación no daba para más y decidió irse”, resumió.

Pero, tras la mudanza, quien le rentaba el lugar comenzó a hostigarla para que pagara el mes de marzo, que era el que debía, y para que pintara la vivienda, indicó el abogado. “Pintó la casa y se fue con su madre a afrontar los gastos nuevos. Es ahí cuando empiezan las amenazas para que pague. Nunca quiso quedar en deuda. Quiso entregar las llaves, pagar marzo y que no le cobraran el mes de depósito. Pero la hostigaban por llamados, por mensajes”, dijo, y aseguró que como no le recibían las llaves, le aconsejó a su clienta que hiciera una consignación judicial, es decir, que las entregara en el juzgado, para que allí se las den al propietario. “Su intención no ha sido quedarse con la casa, y la dejó en perfectas condiciones”, reiteró.

Refirió que cuando la mujer, preocupada por el problema que estaba atravesando, lo fue a ver, llevó los recibos que le habían entregado. “Le cobraban, además del alquiler mensual, impuestos inmobiliarios, que es un gravamen del inmueble que tiene que pagar el dueño, no el inquilino. Le cobraban un sellado de contrato de Rentas que nunca se selló. Y figuraban comisiones, como si la persona que le cobraba el alquiler fuera martillera o corredora inmobiliaria”, dijo.

Por ello, le aconsejó a su clienta averiguar en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de San Luis si la mujer estaba matriculada, y le contestaron que no e hizo la denuncia, resumió. “Se hace pasar por martillera pública, cuando para eso se estudia. Y está penado por la ley cobrar comisión cuando no lo sos. Es como si yo cobrara por revisar a una persona y no soy médico”, comparó.

“Todavía no se ha comenzado a producir la prueba, vamos a pedirle al juez (Penal 2, Ariel Parrillis) que ordene las medidas solicitadas por la fiscalía”, dijo el letrado, y acotó que requerirán que se oficie al Colegio de Martilleros y Corredores para que informe formalmente si la locadora está recibida e inscripta en ese organismo.

El Diario también se comunicó con Omar Uría, el abogado que representa a la otra parte. Confirmó que, en efecto, tomó el caso, pero dijo que la causa está en una etapa inicial, por lo que no había mucho por informar. “Las cosas se deben probar. Se investigará y se verá”, respondió cuando fue consultado respecto de los tres delitos que la contraparte dice que se configurarían.