El fraude del cual Carina Minuchin denunció ser víctima, sirvió como disparador para la detección de al menos otras cincuenta estafas en el Registro Civil de San Luis. Así lo confirmó ayer la directora de la sala penal de Fiscalía de Estado, Velia Guil, quien dijo además, que ya pidieron la intervención de la Justicia por el caso de fraude que Eugenia Rosales (quien hasta el mes pasado se desempeñaba como empleada de la dependencia), habría cometido a fines de mayo en la tramitación de un pasaporte.
El fraude es por la tramitación de documentos y ascendería a unos 20 mil pesos.
"Sabemos que hay arriba de cincuenta estafas y habría más pero es algo que se está investigando. Ya solicitamos el avocamiento de la jueza Virginia Palacios", señaló Guil a El Diario de la República. Las pesquisas buscan precisar si el autor es la misma persona. El fraude ascendería a los 20 mil pesos.
La olla se destapó cuando Rosales fue acusada de estafar por la suma de 400 pesos en el trámite de un pasaporte, como así también de la presunta falsificación de un sello del Correo Argentino.
El director del Registro Civil, Gastón Tula Barale, afirmó que por esas acusaciones la administrativa fue removida a otro puesto sin relación con la atención al público.
"No podemos echar a nadie hasta que la Justicia no se expida con un dictamen. Ahora estamos esperando que la jueza nos cite a declarar y aportar las pruebas documentales que nosotros tenemos", sostuvo Tula Barale, quien agregó que Rosales sólo tenía como función la recepción de los ciudadanos que iban a la delegación a gestionar sus documentos, una tarea que no incluye bajo ningún aspecto la recepción de dinero.
Uno de los mayores interrogantes a partir de la denuncia que radicó Minuchin y que destapó otros casos similares en la misma delegación, es por qué no hubo control sobre el dinero que provenía de la tasa que tienen los trámites de documentación. Guil señaló que la responsabilidad le correspondería en principio al Correo Argentino.
"Por eso el hilo conductor de la investigación lo estamos siguiendo en el Correo Argentino para ver qué intervención tuvo, porque hubo un sello apócrifo que evitaba que la gente pagara en el sistema normal de depósito que es justamente el Correo", aseguró la directora, quien dijo que la estafa sólo recayó sobre la recaudación, ya que la gestión del pasaporte fue legítima.
La Justicia fijó las audiencias para el 7 de julio en las que se tomarán las declaraciones sobre este fraude. Guil indicó que habría un inconveniente de competencias, ya que si bien la logística para gestionar documentación está a cargo de la provincia, "la defraudación patrimonial es hacia el Estado nacional".
"Después de la denuncia hicimos más hincapié en el control a los empleados y está previsto la instalación de cámaras de vigilancia. El estafador siempre opera de la mejor manera posible para que nadie lo note", aseguró Tula Barale, quien agregó que diariamente en el Registro Civil se realizan entre 150 y 200 trámites.
"Si el Gobierno de la Provincia también pide el avocamiento es porque evidentemente también fuimos estafados", añadió.
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