Mil días de gestión de Poggi: ajuste, caída del empleo y fuerte crisis
El gobernador acumula cuestionamientos en economía, educación, salud y seguridad. También pesa sobre su gabinete la denuncia por corrupción más grave en la historia provincial.
Al cumplirse los mil días de gestión del gobernador Claudio Poggi, un lapso marcado por la indiferencia oficial frente a los embates del ajuste y hechos gravísimos sin respuesta, la administración provincial atraviesa un fuerte desgaste.
Los indicadores socioeconómicos exponen un panorama complejo: entre noviembre de 2023 y abril de 2026, la cantidad de trabajadores privados registrados en San Luis pasó de 55.120 a 51.178, lo que representa la pérdida de 3.942 puestos formales (una caída cercana al 7,15%).
En paralelo, se redujeron 344 empleadores con trabajadores registrados (-7,22%), mientras que la industria sufrió un retroceso superior al 13%, perdiendo unos 2.400 empleos. Las calles hablan por sí solas. Abundan las familias en la indigencia, que recorren contenedores en busca de comida.
Educación, fuera de las prioridades
En Educación, el escenario se sostiene únicamente por el esfuerzo de los docentes, quienes enfrentan sueldos asfixiantes, presiones laborales y persecuciones políticas ante cualquier reclamo.
Algunas escuelas exponen complejos dramas edilicios, mientras que otras experimentan diversas problemáticas que no se pueden ni mencionar en el ambiente por temor a cualquier represalia.
Para sobrevivir, muchos educadores deben recurrir a changas o manejar aplicaciones como Uber o Didi. Si, eso ocurre en el tan mencionado "Año de la Educación".
Lejos de priorizar condiciones dignas, las medidas oficiales se limitaron a un cuestionado curso de Inteligencia Artificial, problemas en la entrega de computadoras y la cuestionada distribución de bicicletas del plan TuBi —señalado por sobreprecios y por ser un modelo obsoleto que muchos jóvenes terminan vendiendo—.
Salud en crisis
El área de Salud atraviesa un colapso brutal bajo la gestión de la ministra Teresa Nigra. No hay recategorizaciones, los profesionales sufren sueldos bajos y falta de recursos, y se multiplican las denuncias de pacientes desamparados.
Las tensiones recientes se reflejan en reclamos de especialistas en la Maternidad Provincial "Dra. Teresita Baigorria" y denuncias gremiales por irregularidades sin resolver, mientras que en el interior la atención sanitaria se encuentra directamente abandonada.
Los principales perjudicados son los propios pacientes, que atraviesan desde dilaciones innecesarias que ponen en riesgo patologías graves hasta desatenciones muy cuestionadas que han empeorado el bienestar de la gente.
Inseguridad sin freno
Por su parte, en Seguridad, la ministra Nancy Sosa acumula cuestionamientos constantes. El mapa del delito va en aumento y los vecinos optan por ventilar robos en redes sociales antes que lidiar con la burocracia de las comisarías.
Puertas adentro, los efectivos policiales sufren explotación, persecución, uniformes deteriorados y una grave escasez de patrulleros, evidenciando el divorcio entre las medidas de "autoridades de escritorio" y la realidad de la calle.
El robo de motos y bicicletas, ya es moneda corriente. Los hechos delictivos son cada vez más violentos. Y la lucha contra el narcotráfico, tan usada como caballo de batalla en discursos oficiales, apenas se reduce a incautar alguna que otra planta de marihuana, mientras lo fuerte del delito tiene riendas sueltas.
Corrupción
Finalmente, el gobierno enfrenta su flanco más escandaloso con el caso del campo "El Caburé". Lo que comenzó con la expropiación de un establecimiento de 2.000 hectáreas en el departamento Pedernera derivó en una denuncia penal por el robo de una cosecha de maíz valuada en más de 2 millones de dólares.
Sin registros oficiales ni cartas de porte, la aparición de audios que revelan la sugerencia de comercializar granos "en negro" a través de feedlots no inscriptos dejó expuesto un presunto esquema de corrupción.
El hecho salpicó de lleno a funcionarios y figuras clave del poder político y judicial, incluyendo al exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla, al exministro Federico Trombotto y al ministro del Superior Tribunal de Justicia y ex fiscal de Estado, Víctor Endeiza, entre otros nombres estrechamente ligados al poder.
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