El PJ cuestionó el plan oficial y propuso limitar las cuotas al 25% del ingreso familiar

El Partido Justicialista de San Luis rechazó el proyecto oficialista de refinanciación de deudas y propuso que las cuotas de los hogares no superen el 25% de sus ingresos netos. A través de un documento, sostuvo que extender los plazos de pago no resolverá el endeudamiento si las familias siguen perdiendo poder adquisitivo y deben recurrir al crédito para cubrir gastos cotidianos.

“De nada sirve venir a proponer leyes de refinanciamiento si igualmente las personas no podrán hacer frente a la raíz del problema”, afirmó el partido. Su planteo vincula la crisis de las economías familiares con el deterioro salarial y señala al desdoblamiento del pago de los sueldos estatales como el inicio de un proceso que, según su evaluación, profundizaron las posteriores decisiones del Gobierno provincial.

El comunicado cuestiona que la iniciativa oficial contemple beneficios fiscales para las entidades financieras y reclama conocer el costo de esas medidas. También sostiene, con referencia a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que casi 100 mil personas se encuentran en una situación de mora crítica en la provincia.

Otro de los reproches apunta al destino de los recursos públicos. El PJ aseguró que el Gobierno mantiene fondos en plazos fijos y planteó que los intereses obtenidos podrían utilizarse para mejorar los ingresos de los trabajadores. “Tienen con qué, pero eligen priorizar la especulación financiera por sobre la dignidad de la gente de San Luis”, expresó.

Como alternativa, el justicialismo afirmó haber presentado un proyecto de ley que combina la reestructuración de deudas con medidas de protección para los hogares. Su propuesta fija un límite de esfuerzo financiero: las cuotas resultantes no deberían comprometer más de una cuarta parte del ingreso neto familiar, para preservar los recursos destinados a necesidades básicas.

El esquema también busca alcanzar a bancos, compañías financieras, plataformas de crédito y otros prestamistas comprendidos por la jurisdicción provincial. El propio documento aclara que esa cobertura debe respetar las competencias del Banco Central y la legislación nacional.

La iniciativa exige, además, que cada oferta detalle las tasas, el costo financiero total, la cantidad de cuotas, el monto final a devolver y las eventuales quitas de capital e intereses. Propone medidas temporales para evitar que embargos, ejecuciones o desalojos frustren una negociación en curso, con prioridad para las familias más vulnerables.

El planteo incluye la regularización de deudas tributarias provinciales, con reducción de multas y recargos, y mayores controles sobre prácticas crediticias abusivas. También reclama publicar el costo fiscal de los beneficios concedidos a las entidades, la cantidad de familias alcanzadas y los resultados efectivos de salida de la mora.

Para el PJ, esas herramientas deben acompañarse con una política de recuperación de salarios, actividad económica y consumo. La advertencia que atraviesa el documento es que ningún acuerdo de pago será sostenible si, después de refinanciar sus deudas, los hogares necesitan volver a pedir dinero para llegar a fin de mes.