El Senado debate la ley de propiedad privada con foco en desalojos exprés y expropiaciones

El Senado inició este jueves el debate de una versión reducida del proyecto de ley sobre propiedad privada impulsado por el Gobierno nacional, cuyo principal eje es la creación de un mecanismo de desalojo exprés para inmuebles usurpados y la modificación del régimen de expropiaciones.

La sesión comenzó a las 14:25, luego de que el tratamiento de la iniciativa fuera postergado el pasado 16 de julio por diferencias políticas en torno al capítulo sobre extranjerización de tierras, que finalmente fue eliminado del texto.

El proyecto establece que, en casos de usurpación o de ocupación precaria, un juez podrá ordenar la restitución inmediata del inmueble cuando el propietario acredite de manera verosímil su derecho mediante documentación y preste caución juratoria. Además, podrá intimar al ocupante a devolver el bien dentro de las 72 horas.

Para los casos de alquileres con falta de pago, la iniciativa dispone que el propietario deberá enviar previamente una carta documento otorgando al inquilino un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la deuda. Si el incumplimiento continúa, podrá iniciar un proceso de desalojo que tendría un plazo estimado de diez días hábiles.

El texto también contempla que, cuando haya menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes y garantizar una alternativa habitacional transitoria, sin suspender el trámite judicial.

En materia de expropiaciones, el proyecto dispone que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y estar debidamente fundamentada. Además, fija un tope del 30% para la indemnización por lucro cesante y establece que la transferencia definitiva del bien no podrá concretarse sin el pago previo de la indemnización correspondiente.

La iniciativa también modifica la Ley de Manejo del Fuego. Elimina la prohibición de cambiar el uso de tierras rurales incendiadas durante 30 años, aunque mantiene la prohibición para los bosques nativos, suprimiendo el límite temporal de 60 años previsto en la legislación vigente.

Por último, el proyecto incorpora la posibilidad de presentar documentación digital en los Registros de la Propiedad y actualiza la denominada "ley Pierri" para facilitar la regularización dominial de viviendas únicas ocupadas de forma pública y pacífica durante al menos diez años.