Familiares de presos pampeanos denuncian graves abusos en Pampa de las Salinas

Familiares de personas privadas de la libertad alojadas en el Complejo Penitenciario II Pampa de las Salinas, en la provincia de San Luis, hicieron público un dramático reclamo ante una serie de situaciones de extrema gravedad institucional y sanitaria que afectan de manera directa la dignidad e integridad física de los internos, entre los cuales figura una importante cantidad de pampeanos.

Según manifestaron a través de un comunicado, las problemáticas cotidianas incluyen la incomunicación continuada con los allegados —con lapsos de hasta una semana sin contacto— y severas irregularidades en el suministro de alimentos.

En ese sentido, denunciaron la entrega de comida en estado de putrefacción o dietas reducidas a raciones de sopa y apenas dos termos de agua caliente al día, situación que habría desencadenado cuadros de intoxicación en aproximadamente el 70% de la población carcelaria.

A este panorama se suma la falta crónica de atención médica adecuada y el desabastecimiento de medicamentos esenciales, como insulina para pacientes diabéticos, además de un incumplimiento sistemático de la Ley Nacional de Salud Mental.

Asimismo, apuntaron trabas administrativas para acceder a actividades laborales y de reinserción social, junto con tratos desconsiderados e irrespetuosos por parte de las autoridades del establecimiento penitenciario, entre las que señalaron a la directora de la institución.

Denuncias ante la Justicia Federal por violencia institucional

La advertencia de las familias se alinea con las acciones judiciales impulsadas por el Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina (OIP). La organización presentó formalmente una denuncia ante la Justicia Federal por presuntos hechos de tortura y violencia institucional ocurridos el pasado 7 de mayo de 2026.

De acuerdo con el expediente judicial, impulsado por la representante del OIP Graciela Dubrez a partir de testimonios de familiares, los internos habrían sido sacados al patio en ropa interior, obligados a desnudarse y sometidos a humillaciones y maltratos verbales por parte de efectivos armados con cascos y escudos.

Derivación a la Justicia ordinaria

Según datos consignados por Radio Kermes, el 24 de agosto de 2026, el fiscal federal subrogante de San Luis, Cristian Rachid, se declaró incompetente para continuar con la causa bajo fuero federal, al considerar que los hechos sucedieron en una unidad penal provincial sobre personas a disposición de tribunales locales.

No obstante, en su dictamen el fiscal subrayó que las conductas denunciadas podrían encuadrarse en delitos previstos por el artículo 144 bis y concordantes del Código Penal (vejámenes y abusos de autoridad), por lo que resolvió remitir el expediente a la Unidad de Abordaje Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis para que la Justicia provincial investigue las responsabilidades penales correspondientes.

Por su parte, las familias insistieron en que su reclamo no busca generar conflicto, sino visibilizar una realidad angustiante, lograr el esclarecimiento de las actuaciones judiciales y garantizar las condiciones mínimas de dignidad y respeto a los derechos humanos fundamentales de las personas detenidas.