El PJ endureció su postura por Potrero y exigió elecciones para definir al intendente

El Partido Justicialista de San Luis decidió meterse de lleno en la disputa institucional de Potrero de los Funes y fijó una posición política contundente: la conducción transitoria del Municipio no puede transformarse en permanente y deben convocarse elecciones para que sean los vecinos quienes decidan quién completará el mandato que quedó vacante tras el fallecimiento del intendente Ignacio Olagaray.

A través de un pronunciamiento de su Congreso Provincial, el PJ expresó su “profunda preocupación” por la situación institucional que atraviesa la localidad y reclamó el cumplimiento estricto de la Constitución Provincial y del ordenamiento jurídico vigente.

El planteo partidario pone el foco en un punto que desde mayo genera discusión política y jurídica en Potrero: hasta dónde puede extenderse la continuidad de Cristina Vallejo al frente del Ejecutivo municipal.

Olagaray falleció el 5 de mayo y Vallejo, entonces presidenta del Concejo Deliberante, asumió tres días después al frente de la Intendencia. 

Para el justicialismo puntano, esa disposición no deja margen político para transformar la transición en una continuidad hasta el final del período.

“Ninguna interpretación, decisión política o mecanismo institucional puede convertir una situación de sucesión transitoria en una sustitución definitiva de la voluntad popular”, sostuvo el Congreso partidario en el documento difundido este fin de semana.

La posición del PJ lleva así la discusión fuera de los despachos municipales y la coloca directamente en el terreno político: quién debe decidir el futuro de Potrero de los Funes.

La respuesta del partido es una sola: los vecinos.

El documento advierte sobre cualquier intento de darle “apariencia de normalidad institucional” a una situación que, según considera el PJ, terminaría privando a los ciudadanos del derecho a elegir a sus autoridades.

La discusión no es menor. Al momento de producirse la muerte de Olagaray quedaban más de tres años del período de gobierno iniciado en diciembre de 2025. Una interpretación del régimen vigente sostiene que, cuando resta más de un año de mandato, corresponde realizar una nueva elección para cubrir la vacancia y completar el período institucional.

En ese contexto, el pronunciamiento del Congreso Justicialista también funciona como una definición política frente a cualquier posibilidad de estirar la transición y consolidar a Vallejo en el Ejecutivo sin pasar nuevamente por las urnas.

El PJ “rechaza cualquier interpretación, decisión o mecanismo que pretenda transformar una sucesión institucional de carácter transitorio en una sustitución definitiva de la voluntad expresada mediante el voto popular”.

Pero el documento va más allá del cuestionamiento y formula un reclamo concreto: convocar a elecciones en Potrero de los Funes.

“Que sean los ciudadanos de Potrero de los Funes quienes elijan democráticamente a la persona que deba completar el mandato correspondiente”, exigió el Congreso Provincial.

La postura partidaria agrega así presión política a una discusión que comenzó inmediatamente después del fallecimiento de Olagaray y que tiene como centro la interpretación de las reglas de sucesión municipal.

El justicialismo intenta, además, colocar el debate dentro de una discusión más amplia sobre la representación política. En su pronunciamiento sostiene que la democracia y la soberanía popular constituyen principios centrales de su doctrina y plantea que las crisis de representación deben resolverse con “más democracia, más participación y más protagonismo del pueblo”.

No parece casual que el PJ haya elegido ese argumento. En lugar de limitar la controversia a una discusión técnica sobre artículos constitucionales y leyes municipales, el partido busca instalar una pregunta mucho más sencilla de cara a la sociedad: si el intendente elegido por los vecinos ya no está, ¿quién debe decidir a su reemplazante?

Para el Congreso Justicialista, la respuesta no debe surgir de un acuerdo político, una interpretación administrativa ni una prolongación indefinida de la transición.

Debe salir de las urnas.

Por eso, el cierre del documento resume la estrategia política con la que el PJ decidió intervenir en el conflicto institucional de Potrero de los Funes: “más democracia, más participación y más voluntad popular”.