Potrero de los Funes: el voto popular no puede transformarse en un atajo

La democracia tiene reglas simples que sostienen su legitimidad: cada ciudadano elige personas concretas para funciones concretas. No se vota lo mismo cuando se elige un intendente que cuando se elige un concejal. Son cargos distintos, con responsabilidades distintas y con legitimidades distintas.

En Potrero de los Funes, esa premisa parece haber quedado relegada por la conveniencia política.

La muerte del intendente electo generó una situación excepcional que exige respuestas institucionales. Pero precisamente por tratarse de una circunstancia extraordinaria, las soluciones no pueden construirse forzando el sentido del voto popular.

Quienes acompañaron con su sufragio la candidatura a la Intendencia lo hicieron para que una persona determinada condujera el Poder Ejecutivo municipal. Del mismo modo, quienes votaron a Cristina Vallejo lo hicieron para integrarla al Concejo Deliberante. No existe un mandato electoral que habilite a convertir automáticamente una banca legislativa en el despacho del intendente.

El propio diseño institucional argentino marca esa diferencia. El Poder Legislativo controla, debate y sanciona normas. El Poder Ejecutivo gobierna y administra. La ciudadanía conoce esa distinción cuando entra al cuarto oscuro y deposita su voto. Por eso cada candidatura es personal y responde a una función específica.

Sostener que la voluntad popular puede trasladarse de un cargo a otro equivale a alterar aquello que expresaron las urnas. Si los vecinos eligieron un intendente que ya no puede asumir por haber fallecido, la legitimidad que recibió esa persona no se transfiere automáticamente a otra que fue votada para cumplir una tarea completamente distinta.

El problema ya no es solamente jurídico. Es, sobre todo, democrático.

Aceptar que un concejal electo termine ejerciendo la Intendencia sin haber sido votado para ello implica naturalizar que el resultado electoral puede reinterpretarse una vez cerradas las urnas. Y cuando la representación política comienza a adaptarse según las necesidades del poder de turno, el principio de soberanía popular deja de ser una garantía para convertirse en una formalidad.

La discusión de fondo no es Cristina Vallejo. Tampoco quién ocupe circunstancialmente el municipio. Lo que está en juego es si el voto conserva el significado que tenía el día de la elección o si puede modificarse después mediante acuerdos políticos o interpretaciones oportunistas.

Porque si los vecinos eligieron a un intendente y eligieron, por separado, a una concejal, alterar esa decisión no significa resolver una crisis institucional: significa cambiar el sentido del voto después de que la ciudadanía ya habló.