Por orden judicial, empezaron a desmantelar la antela del papelón municipal

Con la utilización de dos enormes grúas, camiones y un importante despliegue de vehículos y personal municipal, la antena de telefonía celular que fue montada con autorización del intendente de San Luis Gastón Hissa en el corazón del barrio Cerro de la Cruz, empezó a ser desmontada este sábado por orden de la jueza de Garantías N° 2, Agustina Dopazo, que se aferró a un expediente que inició el juez de Faltas, Alejandro Ferrari.

El operativo tuvo como testigos a cientos de vecinos y vecinas, que desde el viernes siguieron con atención la serie de eventos que se fueron registrando producto de las marchas y contramarchas del jefe comunal, que primero avaló la colocación del poste metálico (mediados del 2024) y, a los meses, por reclamos de algunos vecinos que argumentaron cuestiones sanitarias, volvió sobre sus mismos pasos y dispuso el retiro de la antena lo que demandará una importante erogación de fondos municipales.

El viernes fue el primer avance para sacar el dispositivo, pero la oposición de los dueños de la propiedad (el matrimonio de Armando y Graciela Guiñazú) que exigieron una orden judicial para permitir el ingreso de ‘los desmanteladores’. Frente a esta resistencia, el personal, la flota de maquinarias y móviles municipales tuvieron que abandonar el lugar sin cumplir la orden que habían recibido.

Sin embargo, la paz para la barriada fue breve. Este sábado, poco a poco, se implementó nuevamente el operativo. Tras el corte de tránsito en varias cuadras del barrio 128 Viviendas, pasada las 12:00 volvieron a escena las grandes grúas y camiones.

Notificados los Guiñazú de la orden de la jueza de Garantías N° 2, Agustina Dopazo, las grúas empezaron a extender sus ‘tentáculos” para colaborar con una tarea que les llevará varias horas.

“La jueza se basó en dar cumplimiento en lo que había enviado el Juzgado de Faltas, a cargo de Alejandro Ferrari”, precisaron Nair Orozco y Leonel Baglione, representantes legales de la familia Guiñazú.

“La colocación de la antena contó con el aval de la Municipalidad, porque una obra de estas características no se podría haber llevado sin autorización comunal. Y, a raíz de quejas vecinales, la municipalidad decidió revocar ese permiso”, puntualizaron los abogados al repasar el conflicto.

Frente a las contradicciones de la administración a cargo de Gastón Hissa, Baglione sostuvo que esta situación inevitablemente sienta un precedente, “porque la seguridad jurídica es muy importante para llevar adelante cualquier tipo de negocios. Por ello, nosotros consideramos que esto sienta un antecedente complejo para futuras inversiones, porque primero se contó con un permiso, después por distintas situaciones administrativas eso se cae y hoy estamos viendo que la inversión que hizo la empresa y la expectativa de la familia de llevar adelante un contrato, se retrotrae”.