El PJ votó en contra de la reforma que habilita el pluriempleo judicial

El bloque Frente Unidad Justicialista votó en contra de la modificación del artículo 15 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia. Esta reforma habilita a los agentes judiciales —excluyendo a magistrados, fiscales y defensores— a ejercer en el sector privado fuera del horario tribunalicio, alcanzando al cuerpo forense, informáticos, psicólogos, contables y administrativos. Desde la oposición calificaron la medida como un "parche" que intenta tapar la crisis salarial del sector.

La diputada Silvia Sosa Araujo cuestionó firmemente el argumento del oficialismo: “Nuestra postura es: ¿por qué no aumentan los sueldos? Porque, ¿dónde van a ir a buscar empleo los judiciales con la tasa de desocupación que hay?”. 

La legisladora advirtió además sobre el impacto en el servicio: “El Ejecutivo no solo bajó el monto para la Justicia, sino que redujo cargos técnicos y profesionales. Tenemos menos psicólogos y les decimos que vayan a la calle a trabajar; después le reclamamos a la justicia que no cumple con los tiempos”.

Por su parte, la diputada María José Zanglá coincidió en la falta de un debate integral y criticó que la reforma parezca responder a "intereses de terceros". La legisladora aportó datos sobre el desfasaje salarial y argumentó en contra de la lógica de la norma basándose en las tendencias modernas de gestión.

“Cuando hablamos de administración de recursos humanos, la tendencia actual en grandes instituciones es evitar el pluriempleo para lograr un mejor desarrollo del empleado, mayor compromiso, profesionalización y adhesión con lo que está realizando”, señaló Zanglá.

Asimismo, la diputada expuso el alarmante retroceso de la provincia en la materia: “Un informe técnico del Instituto de Investigadores Judiciales, de la Federación Judicial Argentina y de la Junta Federal de Cortes ubica a los profesionales de la provincia en el puesto 22 o 23, es decir, últimos o penúltimos en cuanto a su remuneración en el escalafón que abarca a peritos, contadores, psicólogos y letrados. San Luis estaba tercera a nivel nacional en magistrados y empleados, y ahora tenemos este dato”.

Finalmente, Zanglá lamentó la falta de estadísticas oficiales para fundamentar el cambio: “No hay ningún estudio que se nos haya puesto en la mesa de cómo están los administrativos, cómo es la dotación, la productividad, el ausentismo o la salubridad. No sabemos si están contentos o si les gusta el trabajo; simplemente tenemos dos notas, dos pedidos y la realidad de los puestos”, concluyó.