Los escándalos le llueven a Nancy pero ella prefiere repartir camperas

Pocas cosas hay peores para una institución verticalista como la Policía que el mando sea confuso o inexistente. Ante la ausencia consentida del jefe de la fuerza, Juan Carlos Serrano, figura fantasmal en la cúpula; quien toma las decisiones es la ministra de Seguridad Nancy Sosa, mujer de sangre azul policial y gustosa de tener todo bajo control. Algo que no pudo concretar nunca desde que asumió, pero que la semana pasada quedó en evidencia con el estallido de lo evidente.

Uno tras otros, los frentes se abrieron sin que Sosa pudiera reaccionar a uno o tapar las goteras de otro. Acaso el primer problema sea interno: Nancy, obsesionada en mostrar una gestión personalísima, no tiene equipo y hace todo a su modo. De otra manera no se explica el absurdo comunicado que envió tras los allanamientos de la Justicia Federal en la Penitenciaría Provincial en el que se jactaba de haber permitido que el procedimiento se realizara. Cualquier persona mínimamente capacitada en la comunicación política o institucional lo hubiera evitado a toda costa.

Aún sin el escandaloso allanamiento en la cárcel –un ámbito que el ministerio descuida en peligrosa actitud-, los inconvenientes que no pudo solucionar en su fuerza de origen se sucedieron ante la guardia baja del oficialismo. El caso del oficial de la Policía Motorizada, Matías Escudero, preso por Apremios ilegales fue el paradigma de lo que vive la institución hoy.

El agente reconoció que golpeó a un hombre con el que había comenzado una discusión en medio de un procedimiento en el barrio 292 Viviendas la noche del 9 de abril. A partir de su detención se sucedieron una serie de hechos en donde quedó demostrado, con potente evidencia, los desaciertos continuos de la gestión en seguridad.

La fiscal de la causa, Debora Roy Gitto, señaló que la actitud de Escudero no fue aislada sino que forma parte de una “violencia institucional” instaurada por la Policía bajo la anuencia de Nancy y la despreocupación de Serrano. A eso se sumaron las desafortunadas declaraciones de la ministra, quien en un intento por congraciarse con sus hombres –mucho de los cuales ya no le responden- opinó que la detención de Escudero le había parecido una medida “exagerada”. Es sabido que algunos policías se creen abogados solo porque, ocasionalmente, tienen un Código de Procedimientos bajo el brazo.

Pero el caso de Escudero tendría más tela para cortar. Tras la audiencia en la que se confirmó la prisión preventiva para del oficial, su esposa, Luciana Sánchez, también policía, se encadenó en la puerta del edificio de Tribunales en una actitud inédita. Pocas veces una mujer policía se había animado a semejante desafío a la autoridad. La protesta fue realizada con el uniforme de la fuerza.

El mensaje era claro hacia la Justicia, pero también fue, elípticamente, hacia Sosa y todos los superiores de Sánchez, quien a poco de su medida consiguió que la justicia determinara la prisión domiciliaria de su esposo.

Todavía aturdida por las múltiples consecuencias que le dejó el hecho, Sosa recibió otro cachetazo ante la vuelta a los estrados de la causa que investiga el homicidio del oficial Renato Fuentes, acribillado en un asalto ocurrido en Carpintería en septiembre de 2024. Para los micrófonos amigos, la ministra se cansó de decir que su prioridad sería aclarar el hecho y prometió no abandonar la lucha de la esposa del policía, solitaria abanderada de una causa que no encuentra la claridad.

En la semana, la viuda, Nancy Muñoz, tuvo fuertes declaraciones contra la ministra, en repetición de una queja que lleva meses al ritmo que la otra Nancy, la poderosa, la encargada de la seguridad de la provincia, hace oídos sordos. “A Renato lo mató la Policía porque vio algo que no tenía que ver”, acusó la mujer y solo recibió el silencio.

La desnudez de una red de corrupción policial que hizo Muñoz intentó ser subestimada por el oficialismo, que de todos modos sabe que lo que se pueda dilucidar en un hipotético juicio oral podría tener alcances insospechados.

Como para terminar de cerrar una semana fatídica para la ministra y su inacción en la puesta a punto de la subordinación, dos mujeres policías fueron detenidas en la causa que se investiga la muerte de Magalí Morales, ocurrida en abril de 2020 en la comisaría de Santa Rosa. Se suman las oficiales a otros dos agentes que fueron encarcelados hace algunas semanas.

Adjudicarle responsabilidad a Sosa por el hecho en sí sería, por una vez, injusto, ya que ocurrió tres años antes de que tomara la conducción –por llamarlo de alguna manera- del ministerio. Lo que no ha podido Nancy es evitar el malestar que hay entre sus hombres que consideran peligroso que cuatro de sus compañeros estén encarcelados ante un hecho que todavía consideran una muerte natural, no producto de torturas.

Los oficiales cuestionan que su jefa no haya tenido la misma actitud con Escudero, aquel oficial preso por los apremios en el barrio 292 de San Luis, y con el cuarteto de policías que están presos por los sucesos de Santa Rosa.

Como sea, el problema más urgente que tiene Nancy en su manos, la bomba de tiempo a punto de estallar, es la investigación federal que trata de establecer la participación de agentes penitenciarios en una red de venta de drogas en conjunto con detenidos en el penal. Sabe, teme, sospecha y sufre Nancy que esa causa puede tener consecuencias impredecibles.