Judicializan la interna de la UCR: piden anular el proceso electoral en San Luis
Un afiliado denunció ante la Justicia Federal graves irregularidades en la Convención Provincial y la alteración de la Carta Orgánica para suspender artículos clave.
La Unión Cívica Radical (UCR) de San Luis afronta una dura batalla judicial luego de que un afiliado se presentara ante el Juzgado Federal para solicitar la nulidad absoluta de la resolución adoptada por la Convención Provincial el pasado 16 de mayo de 2026, así como de una serie de resoluciones dictadas por el Comité Ejecutivo Provincial.
La presentación fue impulsada por el dirigente radical Daniel Mariani, con el patrocinio letrado de los abogados Horacio F. Quevedo y Alejandra Gabriela Mariani. En el escrito, se solicita de manera urgente que se deje sin efecto el cronograma electoral interno vigente y se ordene fijar una nueva fecha para los comicios, bajo el estricto cumplimiento de las Cartas Orgánicas Nacional y Provincial de la UCR.
El núcleo de la demanda sostiene que la Convención Provincial se extralimitó en sus funciones al ratificar decisiones del Comité Ejecutivo que “suspendieron” de forma arbitraria la aplicación de los artículos 38, 52, 53 y 138 de la normativa partidaria local para este proceso electoral.
Según el denunciante, la Resolución N° 2 del Comité Ejecutivo ni siquiera posee fecha de dictado, cuenta con groseros errores de redacción —como tres artículos numerados con el mismo dígito— e incluyó una cláusula transitoria para extender la suspensión de estas normas por dos años, violando los mecanismos legales de reforma interna y la ley suprema del partido a nivel nacional.
Asimismo, la acción judicial detalla severas desprolijidades en la convocatoria y el funcionamiento de la asamblea. Se señala que la Convención estaba prevista originalmente para el 25 de abril, pero terminó sesionando el 16 de mayo en una fecha que no estaba formalmente convocada tras sucesivas idas y vueltas normativas.
A esto se le suman denuncias de "maniobras arbitrarias" en la acreditación de convencionales, tales como el bloqueo del ingreso virtual a ciertos dirigentes, la validación de suplentes por encima del cupo permitido por departamento y la manipulación de los reemplazos por mayorías y minorías.
El texto judicial incluso cita un momento de la asamblea en el que el convencional Roberto Pagano admitió que la mesa de conducción debió anular un cuarto intermedio debido a la irregular integración de los miembros, lo que provocó el retiro masivo de varios participantes.
Amparada en la Ley Orgánica de Partidos Políticos N° 23.298, la demanda busca que la Justicia ordene a las autoridades de la UCR San Luis barajar y dar de nuevo, convocando a elecciones internas transparentes para la renovación de autoridades de este año, respaldándose para ello en copiosa documentación partidaria y el testimonio de tres afiliados clave.
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