El abogado de un socio de El Caburé denunció maniobras para encubrir a funcionarios

El abogado Pascual Celdrán, representante de uno de los propietarios de la firma El Caburé, volvió a cuestionar con dureza el avance de la causa judicial que tiene imputado a los ex funcionarios provinciales Ricardo André Bazla y Darío Oviedo Helfenberger y denunció presuntas maniobras para proteger a funcionarios de alto rango del Gobierno de San Luis.

Durante una exposición pública, el letrado sostuvo que existen documentos incorporados en expedientes civiles y administrativos que contradicen la teoría sostenida por el Ministerio Público Fiscal respecto de la ocupación y explotación del establecimiento rural. El letrado apunta que las maniobras son para encubrir a Federico Trombotto, Víctor Endeiza y al hermano de Gonzalo Amondaraín.

Según explicó, el propio Gobierno provincial habría reconocido en una causa civil que tomó posesión del campo recién en abril de 2024, cuando la siembra de maíz ya se encontraba avanzada. Para Celdrán, esa situación derriba uno de los principales argumentos de la acusación contra Bazla y otros involucrados.

“El propio Gobierno reconoce que tomaron la posesión del campo en abril de 2024”, remarcó el abogado, quien además mencionó la existencia de actas oficiales donde se deja constancia de la presencia de animales pertenecientes a la firma dentro del establecimiento al momento de la toma de posesión.

Celdrán también cuestionó el rol de Fiscalía de Estado y aseguró que existe una intención de desplazar de la querella a quienes considera los verdaderos propietarios de la firma El Caburé. En ese marco, habló de presiones políticas y apuntó contra funcionarios provinciales que —según dijo— buscarían evitar que la investigación avance hacia niveles superiores del poder.

Otro de los puntos señalados por la defensa fue la supuesta inexistencia del denominado “decreto 12”, documento mediante el cual se habría designado a un administrador del establecimiento rural. Para el abogado, esa situación podría configurar delitos vinculados a falsificación de instrumento público y uso de documentación falsa.

Además, sostuvo que un convenio firmado entre funcionarios provinciales y Bazla habría sido antedatado para justificar la intervención estatal sobre el campo. “Le ponen fecha de abril cuando habría sido firmado en agosto”, afirmó el letrado, quien calificó esa situación como un caso de “falsedad ideológica”.