Excluido, sin casa y sin escucha: el desesperado pedido de un padre por su hija enferma

La desesperación de Diego Ortiz se profundiza con el correr de los meses, atrapado entre la urgencia habitacional y el delicado cuadro de salud de su entorno. El vecino de 33 años, que meses atrás ya había visibilizado su compleja situación de vulnerabilidad, recurrió nuevamente a El Diario ante la falta de respuestas de la Secretaría de Vivienda y Política Habitacional, y denunció una alarmante falta de cumplimiento de las normativas vigentes para personas con discapacidad.

La realidad de los Ortiz se volvió aún más hostil en el último tiempo debido al avance de la condición de su hija de 10 años. A la pequeña le diagnosticaron Moyamoya, una enfermedad cerebrovascular rara y progresiva que le provoca accidentes cerebrovasculares (ACV) isquémicos y va afectando su cerebro.

La niña ya atravesó dos bypass cerebrales y actualmente requiere de una nueva intervención quirúrgica en las piernas, donde le colocarán prótesis para enderezar sus huesos. 

Para colmo, Ortiz se encuentra actualmente desempleado tras haber sufrido un pico de estrés (sufrió un acv insquémico transitorio) que le impidió seguir con su trabajo de panadero. Sin un empleo formal, hoy subsiste realizando changas que apenas le alcanzan para costear un alquiler cada vez más inaccesible.

El nudo del reclamo radica en la exclusión del grupo familiar del listado general de viviendas sociales, tras haber quedado fuera del plan "Tenemos Futuro" por no haber optado en su momento por la modalidad de autoconstrucción, ya que no cuentan con un terreno propio. 

Ortiz formalizó pedidos de nota para mantener una audiencia con Juan Pablo Torres, titular del área de Vivienda provincial, con el objetivo de solicitar la reincorporación formal a los padrones. Sin embargo, la respuesta institucional no solo fue esquiva, sino también discriminatoria.
Según relató el damnificado, desde la secretaría lo derivaron con una referente del plan habitacional quien le dio una respuesta tajante: "Primero están los que todo van a pagar y después las personas con discapacidad". 

Esta declaración reavivó la indignación del padre de familia, quien advierte que la provincia no está respetando el cupo legal del 10 por ciento destinado a personas con discapacidad, vulnerando los derechos de los colectivos más vulnerables. 

Sin línea telefónica activa por la misma crisis económica y dispuesto a presentarse en la redacción para ampliar su testimonio, Ortiz insiste en que no busca privilegios, sino el trato digno y la justicia que el Estado le sigue negando.