Imputaron a tres efectivos de Investigaciones por un presunto robo durante un allanamiento

Tres efectivos de la División Investigaciones de la Policía de San Luis quedaron imputados por presunto robo agravado tras un allanamiento realizado el 31 de diciembre de 2025 en una vivienda de la calle Marcelino Poblet, en la capital puntana. La causa expuso una grave denuncia por supuestos abusos cometidos durante un procedimiento judicial que terminó bajo sospecha.

Los acusados son Matías Ramón Zavala, Jonathan Ochoa y Pablo Cabañez, quienes fueron señalados por la Fiscalía N° 3 por haber actuado fuera de los límites de la orden judicial. Según sostuvo el fiscal Esteban Roche, los efectivos no solo se habrían llevado un teléfono celular perteneciente al dueño de la casa, sino que además ingresaron sin identificarse correctamente, redujeron al denunciante, lo amenazaron y le exigieron dinero bajo intimidaciones.

La acusación describe una escena violenta. De acuerdo a la teoría fiscal, los policías llegaron al domicilio en un Fiat Cronos gris de Investigaciones, golpearon con fuerza la puerta e irrumpieron apenas fueron atendidos. Una vez adentro, según la denuncia, sujetaron del cuello al propietario, Santiago Gandolfo, lo empujaron contra una pared y lo obligaron a firmar documentos sin permitirle leerlos.

La Fiscalía aseguró además que los efectivos habrían encerrado al denunciante y a su pareja mientras retiraban distintos elementos de la vivienda. Entre los objetos denunciados como sustraídos figuran 600 mil pesos, un teléfono celular, herramientas y un parlante, varios de ellos fuera del alcance de la orden de allanamiento.

Roche también sostuvo que los policías habrían amenazado a Gandolfo para que no denunciara lo ocurrido. “No vayas a decir nada, ni vayas a Comisaría Sexta; de ahora en más vos vas a hacer negocios con nosotros”, habrían dicho los efectivos, según la reconstrucción fiscal.

Uno de los puntos más delicados de la investigación apunta al presunto ocultamiento de elementos secuestrados. El fiscal sostuvo que los imputados confeccionaron actas con información falsa y omitieron consignar parte de los objetos retirados durante el procedimiento.

Entre las pruebas mencionadas por la Fiscalía aparecen informes telefónicos, registros del sistema AVL del móvil policial y el hallazgo de un Samsung S22 Ultra denunciado como robado durante un allanamiento posterior realizado en la vivienda de uno de los efectivos investigados.

Pese a la gravedad de la acusación, el juez de Garantía Nº 1, Juan Manuel Montiveros Chada, resolvió formular cargos únicamente por robo agravado de manera provisoria y dejó afuera, por ahora, delitos como extorsión, privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad, allanamiento ilegal y falsedad ideológica.

El magistrado entendió que todavía no existen elementos suficientes para sostener el resto de las figuras penales, aunque aclaró que la investigación recién comienza y que la Fiscalía podrá ampliar la acusación si aparecen nuevas pruebas durante los próximos 120 días de investigación.

Los tres policías negaron las irregularidades. Aseguraron que el procedimiento fue legal, que se identificaron correctamente y que solo secuestraron elementos vinculados a la causa que investigaban. También afirmaron que el denunciante firmó toda la documentación correspondiente y sostuvieron que recién tomaron conocimiento de la denuncia cuando regresaron al Departamento de Investigaciones.