Dicen que Vallejo ejerce "de facto" la intendencia de Potrero de los Funes

El fallecimiento del intendente electo Ignacio “Nacho” Olagaray dejó vacante la intendencia de Potrero de los Funes y abrió una discusión sobre el procedimiento sucesorio previsto en la Constitución provincial. El abogado Alejandro Cordido, especialista en derecho administrativo y constitucional, sostuvo que la asunción de Cristina Vallejo como titular del Ejecutivo municipal se hizo sin respaldo legal.

Vallejo venía desempeñándose como presidenta del Concejo Deliberante al momento de la muerte de Olagaray, el 8 de mayo. Según Cordido, el artículo 262 de la Constitución provincial establece que el presidente del Concejo ejerce las funciones del intendente “solo hasta que se elija al reemplazante” y que esa función exige mantener la condición de concejal y de presidente del cuerpo.

“El problema es que Vallejo renunció a su banca de concejal antes de asumir el Ejecutivo, lo que la deja sin ningún respaldo institucional para ejercer el cargo. Ejerce de facto y el gobierno provincial lo sabe”, afirmó el letrado y exlegislador municipal. Agregó que, al haber renunciado, la reemplazante de Olagaray “no revestía la condición mínima indispensable” para cubrir la vacancia provisoria.

Cordido explicó que en municipios de más de 1.500 habitantes la vacancia definitiva del intendente obliga a convocar elecciones. Señaló que eso no ocurrió y que, en cambio, “Vallejo se autoproclamó y se autojuramentó” en el cargo.

Para el abogado, la presidenta del Concejo solo puede realizar “actos de conservación y administración indispensables” y convocar a elecciones, pero no puede asumir el cargo de intendente ni tomar juramento para una función para la que no fue electa ni proclamada por la justicia electoral.

Cordido señaló que tanto el gobernador Claudio Poggi como el vicegobernador Ricardo Endeiza estuvieron en la asunción de Vallejo, organizada “a las apuradas” y mencionó que la concejala María Soledad Ríos fue determinante para que Vallejo accediera a la presidencia del Concejo Deliberante y, con eso, al Ejecutivo y vinculó el desenlace a un acuerdo político.

Desde el municipio no hubo hasta el momento una respuesta pública a los cuestionamientos.

Cordido sostuvo que la situación se regularizaría si Vallejo convoca a elecciones en los plazos que fija la ley, pero advirtió que “el oficialismo no parece dispuesto a apurar ese momento”.