Expedientes judiciales prueban que la firma "El Caburé" mantenía la posesión del campo

La causa penal que investiga la desaparición de una cosecha millonaria de maíz —valuada en más de dos millones de dólares— en el establecimiento rural "El Caburé" suma un nuevo capítulo de alta tensión jurídica. 

Mientras la Fiscalía de Estado, representada por Flavio Ávila, solicitó formalmente revocar la participación como querellantes de Enrique Vaira y de la firma "El Caburé", documentación judicial de los expedientes en trámite contradice el argumento oficial.  

El pedido de exclusión de la Fiscalía se basa en que los querellantes sostienen una teoría del caso "antagónica e incompatible" con la del Ministerio Público. Según el escrito fiscal, el Estado Provincial se autoasume como el único poseedor del inmueble al momento de los hechos. 

Sin embargo, fuentes judiciales ligadas a la querella particular —representada por los abogados Pascual Celdrán y Alejandro Viano— advierten que el relato oficial "es una mentira de gran magnitud" que se cae al confrontarse con las constancias de los expedientes.  

De acuerdo con los registros del expediente EXD-4210466/15 (tramitado originalmente ante la Dirección de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Desarrollo Productivo), el Gobierno inició un proceso de revocación de la explotación del campo, pero la resolución clave del año 2022 nunca fue notificada a los administradores. 

Por lo tanto, al momento del ingreso violento estatal y de la posterior cosecha del maíz, la firma "El Caburé" —propiedad de Ingaramo y Vaira— mantenía plenamente la posesión y los derechos de explotación legítimos sobre las 1948 hectáreas sembradas.  

A esto se suman otras dos causas judiciales en pleno trámite que confirman la vigencia del conflicto por la tierra: el expediente N° 414507/20, correspondiente al juicio iniciado por Ingaramo para recobrar la posesión del establecimiento, y el expediente N° 428694/25, una demanda de escrituración entablada por la sociedad contra el Gobierno provincial.

La maniobra de la Fiscalía de Estado busca evitar una "duplicidad acusatoria", ya que la querella pretende que se investiguen ocho delitos graves (incluyendo peculado, hurto calificado y abuso de autoridad). 

No obstante, las pruebas documentales demuestran que el argumento de la "posesión pacífica del Estado" carece de sustento real, dejando en evidencia que los verdaderos damnificados por el despojo de la cosecha siguen siendo los particulares, quienes nunca perdieron formalmente la tenencia del predio.  

Un entramado oscuro y corrupto

En el caso está implicado el exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla , quien ejecutó las maniobras materiales. Sin embargo, las órdenes llegaban del entonces Fiscal de Estado y actual ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Endeiza. 

A su vez, participó en el "asesoramiento" Diego Amondarain, hermano del ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain; mientras que el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, también contribuyó con maniobras para encubrir el robo. 

Por el momento, la verdad lucha contra molinos de viento y la creciente presión sobre la Justicia complica arribar a un veredicto concreto. Lo cierto es que el maíz pesa fuerte y la matriz delictiva empieza a salir a la luz.