El policía acusado de apremios ilegales cumplirá la prisión en su casa

Las presiones que realizaron sobre la justicia la ministra de seguridad, Nancy Sosa, y la esposa del oficial Matías Escudero, quien se encadenó en señal de protesta frente al Poder Judicial, surtieron efecto y el policía acusado de apremios ilegales pasará el resto del proceso con prisión domiciliaria, de acuerdo a la resolución firmada por el juez Marcos Flores Leyes.

El magistrado entendió que la preventiva que él mismo había dictado el 17 de abril debía revertirse y ahora el oficial seguirá detenido en su vivienda. Está acusado de golpear ferozmente a un hombre que le pidió que bajara la velocidad de su moto en un procedimiento realizado en el barrio 292 Viivendas. Escudero es efectivo de la Policía Motorizada.

“No soy un delincuente”, dijo el oficial en la declaración que pidió hacer en la audiencia en donde le concedieron el beneficio, el miércoles a la tarde. El acusado contó que la noche del hecho fue al barrio y se produjo un cruce verbal con el denunciante, quien según el oficial se mostró hostil en todo momento e insultó a los agentes.  

Escudero, de 37 años y seis en la Policía, reconoció que hubo forcejeos con el vecino, pero aclaró que fue el otro quien comenzó con las agresiones físicas con un codazo. “Yo no digo que yo no lancé un golpe de puño… yo largo un manotazo. No sé si fue con mano abierta o cerrada, no recuerdo”, explicó.

Sin embargo, el efectivo negó que hayan sido varios los policías que se abalanzaron sobre la víctima y dijo que el hecho “no fue una golpiza brutal”, como dicen. Sostuvo además que el proceso judicial “me destrozó la vida”.

La decisión de Flores Leyes se extenderá por 90 días y contiene la prohibición de contacto y acercamiento con la víctima y los testigos de la causa por un periodo de cuatro meses. Escudero sigue procesado por lesiones agravadas, abuso de autoridad y apremios ilegales. 

La fiscal Débora Roy Gitto rechazó el cambio de situación para el imputado y sostuvo que la detención era necesaria para identificar a otros involucrados en lo que la querella describe como un caso de violencia institucional.