Solicitan imputar a ministros de San Luis por el escándalo del maíz en "El Caburé"

El conflicto judicial por la toma del establecimiento “El Caburé” y la posterior desaparición de una cosecha valuada en más de 2 millones de dólares ha tomado un nuevo e impulsivo giro. El abogado penalista Pascual Celdrán, representante de los empresarios damnificados, formalizó un pedido para que la justicia extienda las imputaciones a funcionarios de la máxima confianza del gobernador.

Los nombres apuntados son Federico Trombotto, actual Ministro de Desarrollo Productivo, y Víctor Endeiza, ex Fiscal de Estado y actual integrante del Superior Tribunal de Justicia. Según la querella, ambos habrían tenido responsabilidad directa en el operativo de abril de 2024, donde el Estado provincial tomó posesión del campo y, bajo su órbita, se produjo el desvío de los granos.

El "Corte de Cadena" bajo la lupa

Celdrán cuestionó duramente la estrategia del Gobierno provincial, a la que calificó como un intento de "echarle la culpa a un funcionario de tercera línea". La referencia alude a Darío Oviedo Helfenberger, quien ya se encuentra imputado por peculado y defraudación.

Para la querella, la responsabilidad no termina en los mandos medios. El abogado sostiene que los hechos ocurrieron bajo la supervisión directa de los ministros y que existen registros de WhatsApp en el teléfono de Oviedo y testimonios que sugieren que la venta del maíz se realizó sin respaldo documental, siguiendo órdenes superiores.

La situación de los implicados

Actualmente, el Secretario de Ética Pública, Ricardo André Bazla, ya se encuentra imputado por delitos de abuso de autoridad, estafa procesal y falsedad ideológica. Sobre él, Celdrán manifestó su preocupación por que continúe en libertad, señalando que existe un claro riesgo de entorpecimiento en la investigación dada su posición de poder.

Derivación a la Justicia Federal

La gravedad del caso ha superado los límites de la jurisdicción provincial. Debido a las irregularidades detectadas en la comercialización de los granos incautados, se ha abierto una causa en la Justicia Federal bajo la carátula de "presunta evasión fiscal agravada", ante la falta de registros oficiales sobre el destino final de la millonaria suma obtenida por la cosecha.