Analizan el rol del ministro Federico Trombotto en el escándalo de "El Caburé"

La Justicia de San Luis avanza en una de las causas más sensibles que involucra directamente a la cúpula del Ejecutivo provincial. El juez Alfredo Cuello lidera actualmente el análisis de las pruebas que buscan determinar la responsabilidad de Federico Trombotto, actual ministro de Desarrollo Productivo, en la causa conocida públicamente como "El Caburé".

El foco de la investigación se centra en la desaparición de una cosecha millonaria de maíz, cuyo valor de mercado superaría los 2 millones de dólares, y que habría sido comercializada de forma irregular tras la intervención estatal del campo.

La querella sostiene que existió un presunto convenio de colaboración vinculado directamente a Trombotto con el fin de sustraer el cereal de los propietarios originales. 

Según las pruebas aportadas a la causa, el funcionario habría tenido pleno conocimiento de las operaciones, basándose en entrevistas y registros donde el propio ministro reconoce la existencia del grano y manifiesta la voluntad oficial de avanzar con la cosecha. 

Los señalamientos contra el titular de la cartera productiva apuntan a presuntas "distracciones" u omisiones estratégicas que habrían facilitado la venta del maíz luego de que el Gobierno provincial expropiara el predio.

El caso "El Caburé" ha escalado hasta convertirse en un escándalo de proporciones institucionales, ya que la justicia investiga la posible existencia de una organización dedicada a desviar bienes públicos derivados de desalojos que los productores afectados denuncian como ilegales. 

En este entramado, el nombre de Trombotto no aparece de forma aislada, sino que surge junto a otras figuras de alto peso político, como el ex fiscal de Estado y actual ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Endeiza, y el asesor Gonzalo Amondaraín.

La situación procesal de los involucrados se volvió más compleja tras la reciente imputación y posterior renuncia del secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla, lo que aceleró los tiempos judiciales. 

A finales de marzo de 2026, la justicia puntana se encuentra en una etapa de evaluación crítica para decidir si los elementos probatorios reunidos hasta el momento tienen el peso suficiente para avanzar hacia una imputación formal contra Federico Trombotto y el resto de los funcionarios que permanecen bajo la lupa judicial.