Manipulación en el poder: Ricardo Bazla en el ojo de la tormenta
Una investigación penal salpica a la cúpula del gobierno tras detectarse pruebas presuntamente fabricadas, documentos falsificados y maniobras para encubrir acuerdos privados.
El concepto de "ética" parece haber quedado vacío de contenido en la Secretaría que, hasta hace poco, conducía Ricardo Bazla. La causa judicial caratulada como "AUTOS.AV. HURTO CALIFICADO, ABUSO DE AUTORIDAD, PECULADO EN EL PEX 466190/25" ha destapado una olla de presión que vincula directamente a altos funcionarios con el armado de causas judiciales y la falsificación de instrumentos públicos.
La "Denuncia Falsaria" y el Caso El Caburé
El conflicto central gira en torno a la desaparición de una cuantiosa cosecha de maíz en el establecimiento “El Caburé”. Bazla inició una acción penal contra Darío Oviedo Helfenberger, un exfuncionario de su propia área, acusándolo por la falta del grano. Sin embargo, lo que comenzó como una denuncia oficial se transformó rápidamente en una acusación contra el propio denunciante.
Oviedo sostiene que la denuncia de Bazla no es más que una maniobra delictiva diseñada para encubrir a sus superiores y resguardar acuerdos privados. Según el exfuncionario, la estrategia buscaba proteger, entre otros, a Víctor Endeiza, ex Fiscal de Estado y actual Ministro del Superior Tribunal de Justicia de San Luis (STJSL).
Pruebas bajo sospecha: La Resolución Nº 12
El punto más crítico de la investigación reside en la prueba fundamental presentada por Bazla: la Resolución Nº 12, fechada el 17 de octubre de 2024. Según las constancias del expediente, este documento sería falso o redactado exclusivamente para ser utilizado como evidencia en la denuncia.
Existen tres irregularidades que comprometen la validez de dicho documento:
Inexistencia digital: No figura registro alguno de la resolución en el Sistema TRAMIX ni mención de expediente digital que la valide.
Falta de notificación: El afectado, Oviedo, jamás fue notificado de este acto administrativo.
Irregularidades físicas: Las imágenes del documento muestran que la hoja escaneada posee perforaciones típicas de carpetas escolares, algo impropio de un documento oficial de gobierno.
WhatsApp: La evidencia que rompe la cronología
La investigación también pone el foco en un Acuerdo de Colaboración con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Aunque el documento tiene fecha del 22 de abril de 2024, las peritajes a las comunicaciones digitales sugieren una realidad distinta.
Mensajes de WhatsApp del 29 de julio de 2024 muestran a la Dra. Gil Ledesma (Jefa de Despacho de la Secretaría de Ética) modificando archivos y mencionando la urgencia de redactar dicho convenio. Es decir, el documento habría sido confeccionado en agosto, casi cuatro meses después de la fecha que figura en el papel.
Renuncia y crisis institucional
La gravedad de las contraacusaciones, que incluyen el señalamiento de que Oviedo solo cumplía órdenes directas, ha forzado la renuncia de Ricardo Bazla. El caso no solo pone en duda la transparencia del área encargada de velar por la ética pública, sino que amenaza con salpicar la integridad del Poder Judicial provincial en un escándalo de proporciones inéditas.
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