El juicio que el poggismo instaló como escándalo llega al final con más dudas que pruebas

El juicio por la compra del colectivo para San Luis Fútbol Club llega a su etapa final después de meses en los que el caso fue instalado como símbolo de corrupción. Sin embargo, lo que dejó el debate oral dista bastante de aquella narrativa inicial. Testimonios contradictorios, una pericia discutida desde sus bases técnicas y una auditoría firmada por un funcionario que hoy enfrenta una causa propia por presunta corrupción terminaron debilitando el andamiaje probatorio.

Durante meses el oficialismo empujó el caso con una fuerte exposición pública. La presión política y mediática fue evidente: el expediente se convirtió en tema permanente de agenda y hasta el colectivo fue exhibido frente a la Plaza Independencia como una imagen destinada a fijar una idea de escándalo.

Pero el clima cambió cuando apareció un testimonio clave. La declaración del exgobernador Alberto Rodríguez Saá sostuvo que la entonces secretaria de Deportes se había excusado del trámite administrativo vinculado al subsidio. Desde ese momento la exposición oficial empezó a mermar. Incluso desapareció de escena aquel colectivo que durante semanas fue presentado como símbolo del caso frente a la Plaza Independencia.

La reacción institucional fue anunciar una denuncia penal contra el exmandatario, en un movimiento que muchos interpretaron más como respuesta política que como consecuencia natural del proceso.

Con los alegatos finales en marcha, el tribunal deberá resolver sobre lo único que realmente pesa en un juicio: la prueba. Y después de varias audiencias, la causa dejó una sensación difícil de ignorar: el ruido político fue mucho más fuerte que la evidencia.